La FRAVM y la Plataforma en Defensa por la Escuela Pública de Usera exigen la apertura de una investigación que depure las responsabilidades del fatal desenlace del caso de acoso escolar que sufrió Arancha, una alumna del IES Ciudad de Jaén que se quitó la vida el pasado 22 de mayo. Reclaman asimismo un plan de prevención de acoso escolar en todos los centros educativos.
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Todas las listas electorales que pugnan por la alcaldía de Madrid y por la presidencia del Gobierno regional, menos el PP, han suscrito un Pacto contra el Hambre en el que se comprometen a reservar la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a la situación de emergencia alimentaria que se vive en Madrid. En la capital, la reserva rondaría los 80 millones de euros, apenas el 2% del presupuesto municipal de 2015. Todos ellos se comprometen, además, a abrir los comedores escolares el próximo verano.
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La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro ha cumplido su amenaza y llevó al Ayuntamiento de Madrid ante la Fiscalía por incumplir su propia normativa municipal en lo que se refiere al ruido y a la apertura de nuevos locales de ocio en un ámbito declarado por el propio consistorio como Zona de Especial Protección Acústica (ZPAE).
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Todas las formaciones políticas que concurren en las próximas elecciones municipales, salvo el PP, secundaron el acto convocado por la AV Puente de Vallecas, que el pasado 9 de mayo presentó su plan integral de mejora para los barrios de Nueva Numancia y San Diego.
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El Gobierno regional congeló en 2003, año en que se transfirieron las competencias en materia de Justicia a las Comunidades Autónomas, el presupuesto destinado a financiar el servicio de Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Si hasta ahora estos recortes no han afectado a la calidad del servicio prestado es porque, en parte, se está financiando con las cuotas de los colegiados. El martes 19 de mayo el Colegio Oficial de Abogados de Madrid (COAM) convocó una concentración en defensa del servicio que garantiza la Justicia Gratuita.
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Las 200 familias afectadas por los impagos de las subvenciones de rehabilitación de Entrevías han logrado, tras dos años de intensas reivindicaciones, que el Gobierno regional les pague el 40% de las cantidades que les adeudaba. Queda el 20% restante. Las asociaciones vecinales La Viña, La paz y Trabenco de Entrevías vuelven a la carga hasta que el Ejecutivo autonómico salde sus deudas con las familias afectadas.
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El Ayuntamiento de Madrid ha legalizado 17 huertos urbanos, pero hay una cuestión todavía por resolver: el pago del agua del riego, que por el momento corre a cuenta de las asociaciones que los gestionan. El sábado 9 de mayo decenas de hortelanos “rodearon” el Palacio de Cibeles para recordar que son espacios públicos y que, por tanto, el pago del riego corresponde a las arcas municipales.
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