Hábitat24 considera imprescindible no solo mantener estas medidas, sino avanzar hacia su ampliación ante la gravedad de la crisis habitacional que atraviesa el país. La crisis de acceso a la vivienda que padecemos es de tal magnitud que exige medidas urgentes y estructurales, sin que se pierdan las protecciones actualmente vigentes.
La situación residencial sigue siendo profundamente alarmante. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se practicaron en España 27.564 lanzamientos, un 3,4 % más que en 2023, de los cuales el 74,6 % estuvieron vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impago del alquiler. Solo en el primer trimestre de 2025, los juzgados acordaron 7.334 desahucios, en torno al 77 % también por impago de rentas.
En paralelo, recuerda Hábitat24, numerosas entidades sociales vienen documentando desahucios de familias vulnerables por impago de alquiler, “desahucios invisibles”, situaciones de racismo y acoso inmobiliario, así como el impacto del vencimiento de contratos vinculados a los llamados alquileres Covid, que mantienen a miles de hogares en una situación de extrema fragilidad residencial.
Por todo ello, la plataforma considera “imprescindible que el Parlamento convalide mañana este Real Decreto-ley, manteniendo y reforzando las medidas de protección actualmente vigentes, en particular las relacionadas con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y las situaciones de sobreendeudamiento residencial, así como explorando mejoras con el mayor consenso parlamentario posible”.
La petición cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional Madrid, la Asamblea de Vivienda de Usera/PAH, Attac-Madrid, la Casa de Cultura de Chamberí, CCOO-Madrid, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el Foro de Servicios Sociales, Greenpeace, PAH-Leganés, PAH Arganda, la Plataforma por la Luz para Cañada, UGT-Madrid y Recortes Cero.
Estas organizaciones, en nombre de Hábitat24 —plataforma que en octubre de 2024 y febrero de 2025 sacó a decenas de miles de personas a las calles de Madrid para reclamar “vivienda digna y sostenible” para todas las personas—, hacen un llamamiento a las diputadas y diputados para que actúen con responsabilidad social en la votación prevista para mañana en el Congreso, garantizando la continuidad del Escudo Social durante el presente año y evitando una crisis habitacional de mayor gravedad.
La no convalidación del Real Decreto-ley supondría un retroceso social inasumible en el actual contexto de emergencia habitacional.
