El fin no es otro que defender el interés de la vecindad residente ante una norma hecha a medida del sector de la hostelería, que ha dejado fuera todas las alegaciones y propuestas presentadas por la Federación Vecinal. Ni siquiera ha aceptado una nada controvertida, la creación de un consejo de terrazas de carácter consultivo en el que estén presentes las asociaciones vecinales, las entidades sociales de discapacidad, los hosteleros y la Administración local. “El Ayuntamiento de Madrid nuevamente ha vuelto a hacer una ordenanza sin diálogo, sin participación y que entrega las llaves de la ciudad a la hostelería”, ha criticado el presidente de la FRAVM ante la sede consistorial, acompañado de varios representantes vecinales de Chamberí y Retiro, dos de los distritos más afectados por la concentración de terrazas.
En estos momentos el área jurídica de la organización vecinal prepara el citado recurso de reposición y estudia las opciones para presentar un contencioso administrativo, al entender que la nueva ordenanza incumple cuestiones básicas de accesibilidad y movilidad y atenta contra el derecho al descanso de la vecindad, “elementos que pueden ser controvertidos desde el punto de vista jurídico” Además, la organización vecinal valora pedir amparo al Defensor del Pueblo y a instancias europeas, ya que hay algunas cuestiones, como la inmisión por ruidos en el domicilio, que es una violación del derecho a la intimidad del domicilio y que forma parte del derecho europeo, “que debería ser contemplada en esta ordenanza y es algo que no se ha producido”.
El pleno de Cibeles de hoy ha aprobado la nueva ordenanza con los votos afirmativos del PP, la abstención de Vox y los votos contrarios de PSOE y Más Madrid. El equipo de Gobierno no ha admitido ninguna de las alegaciones presentadas por estos grupos.
La nueva norma es muy similar a la aprobada en 2022, que luego fue derogada por los tribunales. Uno de sus pocos aspectos positivos tiene que ver con el endurecimiento de las sanciones a los infractores, pero esto no va a acompañado de un aumento de las partidas económicas destinadas a la vigilancia y el control. Estamos ante un sector, el de la hostelería, que incumple la normativa permanentemente. ¿De qué sirve que se incrementen las sanciones si luego nadie les penaliza ni les obliga a cumplir la ley? se preguntaban esta mañana las representantes vecinales a las puertas del Consistorio.
