No podemos normalizar que las llamadas empresas de desokupación, con sus grupos paramilitares, irrumpan en nuestros barrios para expulsar de sus hogares, usando métodos muchas veces constitutivos de delito, a vecinos y vecinas que por diferentes circunstancias no pueden afrontar los gastos de vivienda. El Estado tiene instrumentos de sobra para garantizar los derechos de los propietarios, y son sus cuerpos y fuerzas de seguridad, a las órdenes del Poder Judicial, los encargados de hacerlo.
Es hora de poner fin a este tipo de empresas que, como sucedió el martes con la actuación de APD Security Iberia en Puente de Vallecas, ponen en riesgo la convivencia en nuestros barrios. Integradas muchas de ellas por individuos que militan en grupos neonazis y de extrema derecha (un hecho que ha sido comprobado en numerosas investigaciones), a diario utilizan las coacciones, las amenazas y la violencia para forzar a personas y familias vulnerables a abandonar el techo en el que viven.
Tras los lamentables incidentes de este martes, provocados por el asalto de matones de APD Security Iberia a un gimnasio en el que se había refugiado un vecino al que querían desalojar de su vivienda, y que finalizó con varias personas heridas y detenidas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) vuelve a pedir la ilegalización de las empresas de desokupación. Tal y como pudieron comprobar ante la casa de ese vecino personas de la Asociación Vecinal de Doña Carlota-Nueva Numancia, los escuadristas de APD Security Iberia lo intimidaron con gritos, amenazas y golpes en su puerta, para después provocar incidentes en otros lugares del barrio e intentar el asalto del citado gimnasio. Según su testimonio, el vecino que intentó ser desalojado llevaba muchos años en el barrio y nunca había generado ningún problema de convivencia, algo que sí provocaron los matones de la compañía APD Security Iberia.
Con los precios del alquiler y la compra de vivienda desbocados y sin visos de reducirse, en la Comunidad de Madrid vivimos una auténtica emergencia habitacional, que hace que sectores cada vez más amplios de la población no puedan acceder a una vivienda digna. Un problema gravísimo que requiere de políticas valientes de control de precios y persecución de la especulación, fomento de la vivienda pública y del alquiler asequible, y no de la acción violenta de las empresas de desokupación.
