El aumento de los precios de la energía provocado por la miserable e ilegal guerra de EEUU e Israel contra Irán ya está repercutiendo en sectores esenciales, como la agricultura y la distribución de alimentos, provocando un encareciendo de la cesta de la compra que las ciudadanas y ciudadanos comenzamos a sufrir. Una coyuntura que solo puede afectar negativamente a otro sector esencial, el de la vivienda, cuyos precios se encuentran hoy en máximos históricos e impiden el acceso a un techo digno a capas de población cada vez mayores.
Por ello, hoy más que nunca es imprescindible que el poder ejecutivo y el legislativo piensen en la gente de a pie, la menos protegida ante la nueva crisis, y recuperen las medidas del escudo social, unas medidas que se pusieron en marcha precisamente para afrontar un panorama similar, las consecuencias de la Guerra de Ucrania y la pandemia de la Covid19.
Recordemos que en uno de los momentos más vergonzosos de la historia reciente de nuestro Parlamento, la prórroga de estas disposiciones fue rechazada el pasado 26 de febrero por la mayoría de votos negativos de Junts, PP y Vox. Hoy resulta esencial y de justicia enmendar este hecho y volver a paralizar los procesos de lanzamiento de familias sin alternativa habitacional. Tras la votación que tumbó el escudo social, miles de estos procedimientos se han activado y ya han comenzado a llover órdenes de desahucio.
Aunque insuficiente e imperfecta, la medida de la moratoria de desahucios mantuvo paralizados unos 70.000 desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, logrando detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020.
Junto a la moratoria de desahucios, las organizaciones vecinales de la CEAV reclaman la recuperación de otras medidas del escudo social tan importantes como la prohibición del corte de suministro de luz y agua o la prórroga del bono social eléctrico para hogares vulnerables.
La situación residencial sigue siendo profundamente alarmante. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se practicaron en España 27.564 lanzamientos, un 3,4 % más que en 2023, de los cuales el 74,6 % estuvieron vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impago del alquiler. Solo en el primer trimestre de 2025, los juzgados acordaron 7.334 desahucios, en torno al 77 % también por impago de rentas.
Por ello, además de la moratoria antidesahucios, las asociaciones vecinales vuelven a reclamar la congelación de los precios en los contratos de alquiler, la aprobación de un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda -o un realojo digno- con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, entre otras medidas que sirvan para dar respuesta al mayor problema de nuestra sociedad, la dificultad de acceso a una vivienda digna.
