El pasado 9 de febrero salieron a la luz las intenciones del Banco de España de pedir al Ayuntamiento de Madrid la concesión del Palacio de la Quinta de Torre Arias para instalar un “Centro de Educación Financiera junto con un Centro de Formación para personal propio”, una noticia que no ha gustado nada a la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Quinta de Torre Arias. Por ello, ha emitido un comunicado en el que muestra su desacuerdo con la propuesta al entender que está lejos de los usos que incluye el Plan Especial de la quinta, que deberían ser públicos y estar vinculados con su pasado agropecuario. Una posición que comparten la Coordinadora de Entidades de San Blas-Canillejas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, colectivos que llevan años luchando por preservar el uso público de la finca histórica y proteger sus elementos singulares.
El Plan Especial de Protección para la Quinta de Torre Arias (BOCM Núm. 198 del lunes 20 de agosto de 2018), establece en su punto 2 lo siguiente: “Las edificaciones existentes en el ámbito podrán, dadas sus características y su protección, destinarse a uso de equipamiento de tipo cultural y educativo preferentemente para actividades de investigación y de instrucción a la población sobre las características propias de la quinta, dando prioridad a aquellas vinculadas con su pasado agropecuario”. También en el punto 2.5, relativo al uso, sostiene: “No se prevé la implantación de usos de titularidad privada, tampoco en régimen de interrelación de uso complementario, alternativo ni autorizable. Tampoco tiene por objeto una implantación en forma de concesión”.
Asimismo, tal y como subraya la Plataforma Ciudadana, el Informe Jurídico relativo a la aprobación inicial del Plan Especial de Protección, en el punto 3, indica: “El Plan Especial se redacta al objeto de, entre otros:
– Conservar el carácter integral de la Quinta de Torre Arias, en su doble vertiente de finca de recreo y de explotación agropecuaria.
– Establecer el destino del ámbito para usos dotacionales públicos, priorizando la recuperación de usos relacionados con su pasado agropecuario y su uso como parque urbano.
– Establecer la gestión pública del ámbito, que asumirá directamente el Ayuntamiento sin perjuicio de constituir estructuras mixtas con entidades vecinales y ciudadanas” (no de otra índole).
Lo que propone el Banco de España, es decir, un Centro de Educación Financiera junto con un Centro de Formación para personal propio es un uso en exclusividad para los edificios que no se ajusta a lo establecido en el reglamento urbanístico y supone romper la unidad histórica y funcional existente entre el edificio y sus huertas y jardines, que no pueden entenderse por separado tal y como indica, a su vez, la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico de la Quinta y el Palacio de Torre Arias (BOCM Núm. 171 del miércoles 20 de julio de 2022) que establece que “El palacio, caballerizas y sus edificaciones anexas y dispersas por la finca configuran un conjunto indisoluble que en la actualidad es testimonio único y valioso de lo que era una quinta de recreo de la nobleza, vinculada al ocio y el entretenimiento y al desarrollo de las técnicas agrícolas y ganaderas”.
Para el movimiento ciudadano de defensa de la Quinta de Torre Arias, “cualquier actuación debe contemplar su conexión con los usos históricos de la Quinta priorizando los usos agropecuarios y educativos y la participación ciudadana”.
De esta manera, la plataforma vecinal reclama en su comunicado “el cumplimiento del reglamento urbanístico” y advierte que actuará conforme a sus estatutos como asociación sin ánimo de lucro “que nos mandatan a promover su restauración y rehabilitación integral como un todo indiviso destinado a un uso público, promover acciones o iniciativas de participación ciudadana que trabajen para sacar el mayor potencial de su carácter histórico como finca mixta agropecuaria al servicio del bien común” y a impulsar la “interlocución con todos los estamentos gubernamentales, políticos, culturales y sociales, sean locales, nacionales o internacionales”, para la consecución de esos fines.
Recordemos que en 2016, gracias a una denuncia interpuesta por la FRAVM y la Asociación Vecinal La Amistad de Canillejas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo un Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento que pretendía segregar la finca, cediendo sus edificaciones más singulares para usos dotacionales educativos privados, derribando edificaciones emblemáticas de alto valor histórico, y construyendo un nuevo edificio de 1.300 m2, así como un parking de 106 plazas, sin importar el impacto negativo sobre todo el conjunto. Esto supuso una importante victoria ciudadana y hoy es un precedente esencial para evitar cualquier intento de privatización de la Quinta o de cesión para usos que nada tienen que ver con su esencia y singularidad.
