Tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la Ordenanza Fiscal 8/2024 que regula la conocida como tasa de basuras, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) entiende que corresponde al Ayuntamiento de Madrid, independientemente del recurso que pudiera articular, la devolución del dinero percibido.
Si bien es cierto que se pueden discutir las consecuencias administrativas de una sentencia que aún no es firme, existe jurisprudencia que obliga a las administraciones a actuar bajo los principios de buena administración, eficiencia, legalidad, transparencia y defensa del interés general. Como ha establecido el Tribunal Supremo, no existe un derecho a no hacer nada por parte del Ayuntamiento de Madrid. En virtud de los principios citados, el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida debería iniciar la revisión de oficio de las tasas liquidadas y percibidas, y ponerse al servicio de la ciudadanía devolviendo dichas cuantías y haciendo efectivos los principios de capacidad económica y legalidad, dejando de retener cobros indebidos.
Como el fallo judicial declara la ordenanza nula de pleno derecho, la FRAVM considera que no es necesario que los vecinos y vecinas de Madrid reclamen al Ayuntamiento de manera individual el reintegro de la tasa. Debe de ser el propio Consistorio el que lo haga de motu propio.
Lo que mal empieza, mal suele acabar, y aquí nos encontramos con una ordenanza con numerosos aspectos cuestionables, poco útil para lo que en teoría debería haber sido concebida, el fomento de la reducción de residuos, premiando a las actividades económicas y a la ciudadanía que actúa en esta línea y penalizando a aquellos que no lo hacen. Más allá de la propia tasa, que siempre hemos criticado por injusta y poco progresiva, la omisión del informe técnico económico de la base para elaborar la tasa y otros anexos del proyecto de ordenanza en su fase de información pública han generado la nulidad de la ordenanza por indefensión material de la ciudadanía en lo que debería ser un diálogo y colaboración entre el Ayuntamiento y sus vecinas y vecinos.
Por todo lo anterior, reclamamos que el Ayuntamiento de Madrid, sin necesidad de obligar a la ciudadanía a reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones como Administración, inicie la revisión de oficio y la devolución de los ingresos indebidos obtenidos por una tasa anulada.
