Después de varias semanas de campaña para denunciar el carácter injusto y poco progresivo de la actual tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, y de impulsar la presentación masiva de recursos de reposición, esta semana la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha registrado en el Consistorio un documento de alegaciones a la propuesta de ordenanza fiscal que la regulará en 2026. La organización reconoce que la presión vecinal ha logrado avances relevantes respecto a la tasa de este año —como la incorporación del número de personas empadronadas en el cálculo de la Tarifa por Generación y las reducciones del 100 % para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI)—, pero considera que la tasa continúa siendo socialmente injusta, ambientalmente poco eficaz y fiscalmente desequilibrada, al mantener un diseño dominado por la parte fija y desligado de la capacidad económica real de los hogares.
La mayor parte de la recaudación sigue concentrándose en la Tarifa Básica (TB), que ligada al valor catastral del inmueble, actúa como un componente prácticamente fijo y representa alrededor del 80% del recibo, mientras que la Tarifa por Generación (TG) apenas constituye un 20%. Este reparto, para la FRAVM, hace imposible que se apliquen con rigor los principios de “quien contamina paga” y “quien más y peor genera, más debe contribuir”. Por ello, la federación propone reorientar “de forma gradual pero decidida” el modelo hacia un esquema en el que la TG vaya ganando peso frente a la TB: frente al 80-20 actual, pasar en 2026 a un 60–40 entre TB y TG, para llegar en el medio plazo a un 20–80.
En paralelo, la organización vecinal propone revisar el diseño y la función del Coeficiente de Calidad en la Separación (CCS), que se usa para calcular junto a la TG el 20% de la tasa, de manera que, sin perder la referencia territorial, “se avance hacia formas de incentivación más vinculadas al comportamiento de cada hogar y de cada actividad, por ejemplo combinando indicadores de barrio con mecanismos específicos para grandes generadores o para quienes participen en programas municipales de prevención y separación avanzada”. Mecanismos como bonificaciones en la TG para hogares y comunidades que acrediten un uso habitual de puntos limpios (por ejemplo, mediante registros municipales, sellos digitales, app o certificados anuales sencillos) y “reducciones para quienes participen en nodos de compostaje comunitario o en programas municipales de compostaje doméstico en huertos comunitarios, en coherencia con la jerarquía de residuos y la obligación legal de potenciar la valorización orgánica”.
Por otro lado, la nueva ordenanza mantiene la misma tabla de tramos de generación de residuos que en 2025, conservando un tramo muy amplio entre 200 y 500 kg/persona año y un tramo abierto a partir de 500 kg, sin mayor desagregación. Esto provoca que un barrio que genera 210 kg pague prácticamente lo mismo que otro que genera 480 kg, lo que neutraliza cualquier incentivo real a la reducción. Ante esto, la FRAVM sugiere rediseñar los tramos tomando como referencia los 400 kg de media actual de generación de la ciudad y utilizando escalones más finos, especialmente alrededor de dicha media y por encima de 500 kg. “El objetivo es que los tramos sean, a la vez, creíbles y exigentes, y que la ciudadanía perciba que cada mejora en la reducción de residuos tiene un reflejo tangible en la tasa”, argumenta la entidad.
Progresividad fiscal
Una de las críticas más habituales de la tasa es su carácter injusto y poco progresivo. Por ello, la FRAVM vuelve a proponer que la Tarifa Básica se “redefina combinando el valor catastral con el nivel de renta, de forma clara y transparente”. “Hay varias vías posibles, pero la lógica es sencilla: mantener el valor catastral como referencia técnica, e introducir coeficientes o bonificaciones generales por tramos de renta, de manera que las familias con ingresos más bajos vean reducida la TB y las de mayor capacidad económica soporten una parte proporcionalmente mayor del coste. Esta misma idea puede articularse a través de reducciones automáticas ligadas a datos fiscales o registros sociales (más allá de IMV/RMI), evitando cargar de burocracia a quienes menos margen tienen”, aclara la Federación en su escrito de alegaciones.
El criterio renta también debería introducirse en las bonificaciones a familias numerosas para evitar que el Ayuntamiento subvencione a hogares con ingresos altos o muy altos, dejando fuera a familias con rentas bajas que no cumplen ese requisito. Paralelamente, la FRAVM propone “abrir el foco de las ayudas hacia otros hogares vulnerables que hoy quedan fuera (personas mayores solas con pensiones bajas, familias monoparentales con ingresos muy ajustados, personas en situación de desempleo, etc.), integrando las bonificaciones en un esquema más amplio y coherente de protección social ligado a renta y situación real”.
Ausencia de tasa turística
Respecto a las Viviendas de Uso Turístico, el proyecto de ordenanza no introduce ningún cambio real respecto a 2025. Siguen sin ser consideradas establecimientos de hospedaje, a pesar de su impacto en la generación de residuos, que suele ser muy superior al de una vivienda habitual. Por ello, la FRAVM propone “definir expresamente las VUT como actividad de hospedaje”, “revisar la presunción de dos residentes en viviendas con uso pero sin empadronados cuando se trate de VUT u otros alojamientos de rotación alta” (para el cálculo de la TB) y “abrir la puerta a una tasa turística o a recargos específicos ligados al turismo destinada en parte a cubrir costes de limpieza y residuos en las zonas más afectadas, reduciendo así la carga sobre la población residente”.
El problema del doble cobro: tasa e IBI
Una de las principales quejas de la FRAVM en los últimos meses es que la creación de la tasa no ha venido acompañada de una reducción equivalente del IBI. Las reducciones aplicadas en 2025 representaron menos del 15 % del importe de la tasa, lo que en la práctica supone un doble cobro del servicio y un aumento de la presión fiscal sobre las familias.
Ante esto, la federación exige una vez más al Ayuntamiento que ajuste el IBI a la baja de forma equivalente. “Las reducciones de IBI aplicadas en 2025 deben revisarse y reforzarse para 2026, tomando como referencia el importe real de la tasa en cada tramo, hasta garantizar que no se estén cobrando dos veces los mismos costes del servicio”, concluye la Federación Vecinal en sus alegaciones.
