La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Fundación Espacio Público han celebrado este miércoles la segunda jornada del ciclo de debate Madrid, ¿una región para vivir?, dedicado a reflexionar sobre la necesidad de construir desde la política y desde las organizaciones sociales un modelo alternativo de desarrollo económico y social en la región.
En esta segunda sesión, el debate ha girado en torno a las soluciones políticas y jurídicas para garantizar el derecho a la vivienda, convertido ya en el principal problema de la ciudadanía madrileña. En el coloquio han participado Javier Burón, director gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de suelo y vivienda de Navarra; la abogada y activista por el derecho a la vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto; y el exgerente de urbanismo en Móstoles y exconcejal del PSOE en Madrid Jesús Espelosín. La especulación, la falta de vivienda pública o la turistificación han sido algunos de los temas discutidos por los ponentes, en un debate que se ha celebrado en la casa de CCOO en Madrid, en la Sala Trece Rosas.
La apertura del evento ha corrido a cargo de Enrique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. “En Madrid tenemos ley del suelo, pero no ley de vivienda”, se ha mostrado tajante Villalobos. “Durante décadas se ha mirado la vivienda como un asunto económico”, ha continuado el ponente. Como si fuera cosa de plusvalías, de planeamientos, de revalorización del suelo… “No como lo que es: un derecho fundamental que debe organizar el conjunto de las políticas públicas”, ha sentenciado el portavoz de la FRAVM.
Tiene sus consecuencias. En plena emergencia habitacional, la situación de la vivienda en la región no ha dejado de empeorar. Desde todos los frentes: “Los precios de compra y alquiler están disparados, miles de hogares destinan más del 40% de sus ingresos al techo, cada vez hay más desahucios invisibles y mayores niveles de acoso inmobiliario a inquilinas e inquilinos“, ha enumerado Villalobos. Frente a esta situación, el gobierno regional ha optado por la inacción: “Renuncia a dotarse de la herramienta básica que sí tienen otras comunidades autónomas: su propia ley autonómica de vivienda”. Además de incumplir sistemática la normativa estatal.
“En España hay lugares con políticas de vivienda más desarrolladas y otros con políticas de vivienda orientadas a la especulación”, se ha lazado a hablar, ya en la mesa, Javier Burón. “Si miramos lugares de España con un 30% de PIB industrial o con menos de un 10%, casi milimétricamente coincide con lugares donde hay políticas públicas de vivienda más desarrolladas, por un lado, y lugares donde las hay menos desarrolladas o a favor de la especulación y del rentismo, por el otro”, ha razonado el autor de El problema de la vivienda. Con una conclusión: las políticas de vivienda de cada región están íntimamente relacionadas con su estructura económica.
“Hay zonas de España que se han propuesto funcionar como una suerte de pantano de asequibilidad residencial y otras que funcionan, en materia de vivienda, con una lógica de desagüe”, ha seguido explicando el experto. “Es decir, a pesar de que puede haber mucha exhuberancia inmobiliaria, hay poca realidad habitacional asequible”, ha señalado Burón. Porque -ha continuado desgranando- ni se quiere generar un ecosistema de proveedores de vivienda social y asequible, ni una estructura de vivienda fuera de la lógica del mercado.
¿Cómo puede consolidarse ese parque de vivienda fuera del mercado? Por medio de la colaboración público-privada, ha señalado Jesús Espelosín. “Una colaboración en la que el sector privado ponga los recursos y lo público ponga tres cosas: los permisos, la regulación de precios de precios y plazos y una lista de ocupantes de las viviendas”, ha desarrollado el exconcejal del PSOE. “Es necesario para construir el enorme número de viviendas que hacen falta”, ha continuado razonando. En un país con un déficit de unas 500.000 viviendas. Una cifra que en Madrid alcanza las 200.000. “En el mejor de los casos, la Comunidad de Madrid va a construir unas 14.000 dentro del Plan Vive y otras 14.000 con el plan de choque. Eso en cuatro años”, ha indicado el exgerente de urbanismo de Móstoles. “Una birria que no cubre ni de lejos ese derecho social a la vivienda”.
“En la Comunidad de Madrid no se hace política de vivienda, sino política inmobiliaria”, ha valorado, por su parte, Alejandra Jacinto. La política del ladrillo de toda la vida: más suelo y más construcción. Con el controvertido Plan Vive como herramienta central. “Un plan que se puede resumir en tres ces: cutre, caro y clasista”, ha criticado la letrada. “Cutre porque los propios solicitantes están renunciando a ser adjudicatarios de esas viviendas por las condiciones lamentables en las que se encuentran”, ha empezado explicando la cofundadora del CAES. Caro y clasista porque está diseñado para reproducir la segregación social. “Solo pueden acceder al plan aquellos que tienen determinados ingresos: por lo menos 2.100 euros netos al mes”, ha puesto cifras Jacinto. Un modelo, ha sentenciado la abogada, que funciona como el brazo político de los fondos de inversión.
Fuente: Diario Público
