La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado un documento de alegaciones ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid con el objetivo de corregir las deficiencias del proyecto de modificación del Decreto 84/2020 que regula las condiciones de acceso a las viviendas del Plan Vive. La organización vecinal denuncia que el modelo actual funciona bajo una “lógica financiera excluyente” que dificulta el acceso a la vivienda pública a quienes más la necesitan.
Con sus aportaciones, la Federación busca dar respuesta a las numerosas quejas recibidas en su buzón de personas afectadas, donde se evidencia que los requisitos actuales actúan como un filtro de “pureza financiera” que deja fuera a miles de solicitantes.
Medidas para reducir el gasto de las familias
Para garantizar que el Plan Vive cumpla su función social y reducir la carga económica que soportan los inquilinos, la FRAVM propone cambios estructurales en los costes que deben asumir las personas que quieran acceder a una vivienda:
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Rentas progresivas y bonificaciones: En lugar de rechazar a las familias cuyos ingresos no alcanzan un mínimo estricto, la Federación propone ajustar el precio del alquiler a través de bonificaciones o rentas de alquiler progresivas. El objetivo es que la Administración adapte el coste a la capacidad económica real de los demandantes “por abajo” para asegurar que ninguna vivienda quede vacía mientras existan listas de espera.
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Anejos opcionales: La FRAVM exige eliminar la obligatoriedad de alquilar plazas de garaje y trasteros para poder acceder a la vivienda. Actualmente, muchas personas se ven obligadas a pagar por un garaje que no necesitan al no poseer vehículo, lo que encarece innecesariamente el coste mensual del arrendamiento.
Flexibilización de los criterios de solvencia y plazos
La Federación advierte que el actual límite de esfuerzo financiero (que impide destinar más del 35% de los ingresos netos al alquiler) se ha convertido en una barrera infranqueable en municipios con módulos de vivienda protegida elevados. Para mejorar el acceso, en las alegaciones se solicita:
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Desvincular gastos del cálculo de solvencia: La FRAVM propone que los impuestos, tributos y el coste de los anejos queden fuera del cómputo del 35% de la tasa de esfuerzo. De este modo, estos gastos adicionales no computarían para denegar la adjudicación, facilitando que familias con rentas medias y bajas superen el control de solvencia inicial.
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Ampliación de los plazos propuestos por la Comunidad de Madrid: La organización califica de inasumibles los plazos de 2 días hábiles para aceptar la vivienda y 5 días para aportar documentación, tras los cuales, de no existir contestación por parte de la persona solicitante, se excluiría la solicitud. Propone ampliarlos a 10 días hábiles para la aceptación y 30 días naturales para la firma, protegiendo así a las personas que sufren la brecha digital o necesitan tiempo para gestionar certificados, mudanzas y las rescisión de contratos de arrendamiento anteriores.
Por una “Zona Única” frente a la discriminación territorial
Una de las cuestiones más polémicas del proyecto presentado por la Comunidad de Madrid es elevar de 3 a 5 años el requisito de antigüedad de residencia o trabajo en el municipio, criterio al que se añaden las condiciones de prioridad de las que gozan las personas que hayan residido en el municipio en el que se sitúa la promoción de viviendas.
La FRAVM considera que este requisito es una decisión arbitraria que penaliza la movilidad laboral y dificulta el acceso a la vivienda a familias trabajadoras que han tenido que cambiar de residencia recientemente por causas ajenas a su voluntad. Así, propone mantener los requisitos actuales -3 años de antigüedad en la Comunidad de Madrid- y, además, la creación de una “Zona Única” regional. Esta medida permitiría que cualquier residente de la Comunidad de Madrid opte en igualdad de condiciones a las promociones de cualquier municipio, favoreciendo la movilidad y evitando la discriminación territorial en función del suelo disponible en cada localidad.
Por el derecho a una vivienda pública y digna
La FRAVM concluye que el suelo público y la gestión de la vivienda protegida deben servir al interés general y no a la maximización del rendimiento económico de las concesionarias. Con estas alegaciones, la Federación Vecinal insta al Gobierno regional a rectificar un decreto que, en su redacción actual, prioriza la “agilidad en la ocupación” y el rendimiento económico de las concesionarias privadas por encima del derecho constitucional de la ciudadanía a una vivienda asequible, estable y digna.
Puedes consultar el documento de alegaciones completo en este enlace:
