Con la publicación del nuevo Anteproyecto de Ley de Suelo y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid estamos ante el enésimo intento del Gobierno regional de elaborar y aprobar esta importante norma. Pero, lamentablemente, el espíritu y objetivos del nuevo texto son los mismos que los de anteriores intentos de los ejecutivos del PP: aprobar una ley que facilite la liberalización y desregulación del suelo, pasando por encima, cuando sea preciso, del interés de la mayoría de la población y de la protección del medio ambiente. Como otras veces, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) comparte uno de los fines de la nueva propuesta gubernativa, la reducción de la burocracia y la agilización y simplificación de los procesos administrativos (siempre que esto “no sea coartada para desregular o para dar manga ancha a los comportamientos que anteponen el interés particular al general”), pero a partir de ahí las diferencias entre su planteamiento y el del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso son enormes.
Estas diferencias pueden apreciarse en un documento de aportaciones al anteproyecto de ley que la Federación Vecinal registró hace unos días con el fin de que la Comunidad de Madrid apruebe una norma que sirva para proteger el suelo público de fines especulativos, contribuya a potenciar la construcción de vivienda pública y la rehabilitación del parque existente, reduzca el desequilibrio territorial y proteja el medio ambiente.
En su texto, antes de dar cuenta de sus propuestas, la FRAVM critica el hecho de que el Gobierno regional haya iniciado el trámite de consulta pública del anteproyecto con una ridícula memoria de solo cinco páginas que no incluye aspectos elementales como un análisis crítico de las leyes vigentes que se van a reemplazar, un examen de los actuales mercados de suelo e inmobiliario o un repaso de las demandas y necesidades de la sociedad madrileña, y que además recoge datos fuera de contexto para elaborar un pobre diagnóstico de la situación.
Ante esto, la organización ciudadana, que agrupa a 300 entidades de 51 municipios de la Comunidad de Madrid, sugiere al Gobierno autonómico que parta de “los problemas claves que aquejan al modelo de región y ciudad vigentes”, que no son otros que la carestía de la vivienda, la obsolescencia del parque residencial, el desequilibrio territorial, el calentamiento global, la infradotación de los barrios y ciudades, la protección del patrimonio verde e histórico, la participación ciudadana en las fases previas a la aprobación de las figuras del planeamiento regional, general y especial y, por último, la agilización, simplificación y flexibilización de los trámites administrativos.
Las propuestas de la FRAVM
A partir de estos “asuntos trascendentes” para nuestra comunidad autónoma, la FRAVM ha trasladado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una batería de propuestas que enunciamos de manera esquemática a continuación:
– La protección del suelo no urbanizable (SNU), también del común, estableciendo unos regímenes muy poco permisivos de compatibilidad con la instalación de usos diferentes de los propios del ese tipo de suelo.
– La erradicación de los asentamientos residenciales o de actividad en SNU, especialmente en aquellos casos en los que la ubicación se halle en zonas de riesgo ante catástrofes naturales (incendios, riadas, inundaciones…).
– La acentuación de los deberes de los propietarios de SNU y de suelos urbanizables de mantener los terrenos en las debidas condiciones de salubridad, higiene y seguridad, con particular atención a los supuestos en que la desatención de dichos deberes acrecienta los riesgos de incendio y otras catástrofes naturales.
– Determinar un periodo transitorio para la eliminación de actividades y usos impropios en el SNU.
– El retorno a la comunidad de las plusvalías urbanísticas generadas gracias a la actuación de los poderes públicos. La FRAVM propone que las cesiones obligatorias y gratuitas de suelo urbanizado a realizar por los propietarios a los ayuntamientos sean elevadas de manera que alberguen el 15% del aprovechamiento en vez del actual 10%, con una horquilla entre el 5% en los supuestos en que la propiedad adquiera compromisos especiales en materia de promoción de viviendas sociales en arrendamiento u otros compromisos de índole social, y un 20% en el supuesto de parcelas que tengan un valor claramente superior a la media.
– La cesión del derecho de superficie a entidades sin ánimo de lucro (por un tiempo máximo de 75 años) para la edificación de equipamientos, obras de interés general y viviendas de protección pública.
– Los propietarios de terrenos en suelo urbanizable y urbano no consolidado entregarán gratuitamente a las administraciones, con destino a las redes dotacionales, 50 metros de suelo por cada 100 construidos.
– En las promociones en suelo urbanizable se acompasará la evolución de la construcción de viviendas con la provisión de un equipamiento público básico, de tal modo que no se podrá otorgar la licencia de primera ocupación de las residencias si no se alcanzara el mínimo establecido de dotación por vivienda.
– En suelo urbanizable y urbano no consolidado, al menos el 50% de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas protegidas y, de ellas, al menos la mitad serán para arrendamiento.
– La normalización de los sistemas públicos de ejecución: expropiación, cooperación y ejecución forzosa…
– La conservación y rehabilitación del parque de viviendas existentes como deberes ineludibles de los propietarios y la Administración.
– La programación de la rehabilitación, como un capítulo obligado del Plan Regional de Estrategia Territorial, así como del planeamiento general de los municipios, con objetivos a corto, medio y largo plazo, plan y cronograma de actuaciones.
– La utilización efectiva por los poderes públicos de los instrumentos de incidencia en el mercado inmobiliario.
– La constitución de patrimonios públicos de suelo por la Administración regional y los ayuntamientos para equipamientos, obras de interés general y viviendas de protección pública.
– El fomento de la participación ciudadana en el urbanismo, sin constreñirla a los momentos puntuales de presentación de alegaciones.
– El reequilibrio territorial como uno de los objetivos y ejes vertebradores del Plan Regional de Estrategia Territorial.
En el siguiente enlace puedes descargarte el documento completo de propuestas de la FRAVM:
