La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado un documento de alegaciones al proyecto de decreto que sustituirá al actual Reglamento de Viviendas de Protección Pública de 2009. Aunque la Federación considera positiva la revisión del marco normativo tras 17 años en vigor, advierte que el nuevo texto no tiene la orientación suficiente para garantizar el derecho a la vivienda a quienes realmente no pueden acceder al mercado libre.
Uno de los puntos centrales del documento es la carga económica que soportan las y los inquilinos. La FRAVM considera ‘inadmisible’ que en las viviendas protegidas en alquiler se repercuta al arrendatario el pago del IBI y propone modificar el reglamento para que este impuesto sea asumido siempre por la propiedad. Asimismo, reclama que la tasa de basuras sea subvencionada o modulada en función de la renta de las familias para evitar que suponga una barrera económica adicional.
En cuanto a los límites de acceso, la FRAVM propone reducirlos de las 5,5 y 7,5 veces el IPREM que plantea el decreto a 4 y 6 veces, respectivamente. La Federación denuncia que, con la normativa propuesta por la Comunidad de Madrid, una familia de cuatro miembros podría ingresar hasta 84.677,42 euros anuales y seguir optando a una vivienda protegida. Frente a este modelo, la propuesta vecinal establece límites más realistas que permitirían el acceso, por ejemplo, a hogares de cuatro miembros donde dos adultos perciban 1.881,72 euros brutos al mes cada uno (para VPPB) o hasta 2.822,58 euros brutos al mes por cada trabajador en activo (en el caso de las VPPL).
Comparación de límites de ingresos familiares para una unidad familiar de 4 miembros
| Tipología | Límite del proyecto | Ingresos familiares máximos | Propuesta FRAVM | Ingresos familiares máximos |
| VPPB | 5,5 IPREM | 62.096,77 € | 4 IPREM | 45.161,29 € |
| VPPL | 7,5 IPREM | 84.677,42 € | 6 IPREM | 67.741,94 € |
El nuevo reglamento plantea, además, un tratamiento desigual entre los distintos modelos de convivencia. La organización considera que el reglamento incurre en un desequilibrio al favorecer de manera muy marcada a las familias numerosas que ya residan en una VPP a la hora de solicitar una vivienda de mayor tamaño, impidiendo el cambio a una vivienda mayor para otras familias que no tengan esta condición administrativa.
Las familias monoparentales, familias reconstituidas o unidades convivenciales con hijos que actualmente sufren una clara insuficiencia de espacio quedan desprotegidas bajo la norma propuesta. Por ello, la organización vecinal reclama que la necesidad habitacional se mida con criterios materiales y objetivos de habitabilidad, como la superficie útil disponible por persona en su vivienda, y no se apoye casi exclusivamente en la categoría administrativa de «familia numerosa», ignorando la diversidad y las necesidades reales de los nuevos modelos de hogar madrileños.
En relación con la duración del régimen de protección, la FRAVM considera que la normativa propuesta por la Comunidad de Madrid se queda corta al limitar la protección permanente únicamente a las viviendas promovidas o de titularidad de la administración regional. La Federación Vecinal exige que toda vivienda protegida mantenga su calificación de forma indefinida, independientemente de si el suelo es municipal o autonómico, o de si el promotor es de naturaleza pública o privada.
Para la organización, establecer plazos de «caducidad» para la protección (que el texto actual sitúa generalmente en 15 años) constituye un error histórico que permite la pérdida constante de vivienda protegida. La entidad sostiene que el esfuerzo público invertido en estas viviendas —ya sea mediante planeamientos urbanísticos, bonificaciones fiscales o reservas de suelo— debe servir para consolidar un parque estable que garantice el derecho a la vivienda de las generaciones futuras, impidiendo que estos inmuebles terminen engrosando el mercado libre y alimentando nuevas burbujas especulativas una vez transcurrido el plazo legal de protección.
La Federación Vecinal también rechaza la sustitución del control administrativo por el uso de «declaraciones responsables», una medida que, bajo el pretexto de la simplificación, debilita las garantías esenciales del interés general. La organización exige que se mantenga la autorización administrativa previa para toda adjudicación y transmisión de vivienda protegida, con la finalidad de asegurar que se comprueben rigurosamente los requisitos de acceso y los precios máximos antes de que se formalice cualquier operación. Según el colectivo vecinal, el recurso excesivo a la declaración responsable desplaza el control a un momento posterior, lo que dificulta la prevención de adjudicaciones indebidas o el uso de estas viviendas como activos de inversión, por lo que la tutela de la Administración debe ser siempre previa y efectiva.
Por último, la FRAVM insta a la Dirección General de Vivienda a incorporar una definición sustantiva de la vivienda protegida que la vincule de forma estable a su función social y al domicilio habitual y que permita distinguir con claridad entre la vivienda protegida propiamente dicha y otras figuras con menor intensidad protectora, exigiendo además un plazo mínimo de ocupación de diez años para evitar que estos inmuebles se utilicen como activos de inversión.
Puedes consultar el documento de alegaciones aquí
