Una vez más, la Comunidad de Madrid ha usado un procedimiento de urgencia para tramitar una norma de calado. La tramitación por vía de urgencia, con omisión de consulta pública previa y con plazos de participación comprimidos, se intenta sostener sobre la idea de que estaríamos ante ajustes parciales o “técnicos”. Sin embargo, el anteproyecto modifica seis leyes y altera piezas sensibles del sistema (planeamiento, controles sectoriales, estándares dotacionales, vías pecuarias, carreteras, turismo), así que llamar “técnico” a esto es muy discutible. “Se nos pide aceptar una reforma amplia, por urgencia, con participación limitada, sin contraste real de alternativas y con una justificación que, en puntos clave, es más bien escueta”, puede leerse en las alegaciones de la Federación Vecinal.
Por ello, y dado que su contenido prioriza la rentabilidad de los promotores privados mediante cambios de uso, incrementos de edificabilidad y densidad y eliminación de controles y no sirve para reforzar el parque público de vivienda ni garantizar el acceso de los colectivos más vulnerables, la FRAVM solicita en su escrito la retirada íntegra del Anteproyecto de Ley. Tras su retirada, la Comunidad de Madrid debería abrir un proceso de elaboración normativa basado en:
- una evaluación completa de las políticas regionales de vivienda,
- el respeto al planeamiento urbanístico y a la autonomía municipal,
- participación real y efectiva de ciudadanía y entidades locales,
- y el diseño de una política pública integral de vivienda (incluida una Ley autonómica de Vivienda) alineada con el artículo 47 CE, la cohesión social y la sostenibilidad territorial.
Todo ello “a fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada como elemento esencial del bienestar colectivo y del derecho a la ciudad, y no como simple variable del negocio inmobiliario”.
En el siguiente enlace puedes ver y descargarte el escrito completo de alegaciones presentadas por la FRAVM.
