La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que lleva nueve años luchando contra la expansión descontrolada de las viviendas de uso turístico (VUT), aplaude el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conocido esta mañana que obliga a Airbnb a pagar una multa de 64 millones de euros por anunciar VUT ilegales. La empresa había solicitado la suspensión de esta sanción, impuesta el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Consumo ante diversas infracciones en la publicación de anuncios de pisos turísticos, hasta que no se produjese una sentencia firme, y ahora el TSJM ha rechazado esa solicitud de medidas cautelares.
Aunque la compañía puede presentar un recurso de reposición, el auto del tribunal supone un interesante aviso a navegantes, del que otras administraciones como las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían tomar nota y proceder al cierre de las decenas de miles de viviendas turísticas ilegales que hoy siguen operando. La FRAVM insta al consistorio de la capital, uno de los municipios de España con mayor volumen de VUT, a intensificar sus labores de inspección, control y sanción para sacar de la circulación los miles de pisos turísticos ilegales que tiene la ciudad. Aunque el equipo de José Luis Martínez-Almeida nos trate de deslumbrar cada poco tiempo con anuncios de cierre de VUT ilegales, la realidad es que el número de este tipo de negocios que ha clausurado hasta el momento resulta irrisorio para la magnitud del problema.
La FRAVM saluda la iniciativa del Ministerio de Consumo de restauración de la legalidad al imponer al gigante de las viviendas turísticas la citada multa, y le pide que intensifique esta línea de actuación, con el fin devolver al parque residencial viviendas que nunca deberían de haber salido de ahí. Una mayor restricción de las VUT y la persecución del alquiler de temporada fraudulento (hoy muy en boga en ciudades que han impuesto límites razonables a la expansión los pisos turísticos), junto a otras medidas como la prórroga de los contratos de alquiler, resultan esenciales y urgentes para enfrentarnos al problema más grave de nuestro tiempo, el acceso a una vivienda digna. Es imprescindible, más aún si atendemos a la crisis económica que puede provocar la Guerra de Irán, ampliar la oferta de vivienda disponible, y eso pasa por garantizar la permanencia de las familias en sus hogares y en recuperar inmuebles residenciales que hoy se usan para el negocio turístico, y que, además de provocar problemas de convivencia (por ruidos, suciedad, inseguridad y un uso incorrecto de las zonas comunes de los edificios en los que se ubican) contribuyen a incrementar los precios de la vivienda, expulsando muchas veces a la población autóctona con menos recursos.
