A continuación reproducimos el comunicado íntegro de la plataforma vecinal:
“En las últimas semanas hemos podido escuchar, ver y leer diversas opiniones señalando cómo el problema de Metro L7B está prácticamente resuelto, cómo las familias afectadas han sido indemnizadas, cómo las víctimas de esta catástrofe están en una mejor situación que hace varios meses y cómo el problema técnico se está estabilizando. Todas estas afirmaciones están completamente al margen de la realidad.
Exponemos nuestro criterio entorno a dos puntos claves: el problema social generado y el problema técnico que sufre la totalidad de nuestro municipio.
Con respecto al problema social, en los últimos tiempos hemos visto cómo decenas de familias han sido expulsadas de sus viviendas y negocios. La realidad material que nos rodea es implacable y no hay relato que la pueda alterar: más de 600 viviendas afectadas; 217 personas desalojadas; 73 viviendas derribadas; 21 calles afectadas; comercios derribados; espacios públicos perdidos; y 9 cierres de la línea 7B de Metro en los últimos 17 años.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso está obligando a las familias que han perdido sus viviendas a acudir a los tribunales para obtener una indemnización justa que les permita obtener otros inmuebles, dejando al mismo tiempo la titularidad de los solares a los afectados que se ven obligados a mantener y pagar un terreno baldío que solo supone una carga fiscal añadida. Por otro lado, la Consejería de Transporte y Vivienda ha ofrecido a algunas familias que aún conservan sus hogares la apertura de Expedientes de Responsabilidad Patrimonial orientados a la reparación. Esta medida, a priori positiva, esconde una trampa: son los vecinos/as afectados quienes contratan y pagan a las empresas de obras para, posteriormente, pedir el reembolso de unas obras que vienen con cuantías preestablecidas y que no se adaptan a las necesidades de los afectados. Lo más grave es: si la responsabilidad de la reparación recae en los vecinos los posibles daños futuros ocasionados por la infraestructura de Metro no serían imputables al gobierno de la Comunidad de Madrid, que podría lavarse las manos dejando en la estacada a cientos de familias.
En las declaraciones ofrecidas por Isabel Díaz Ayuso se ha hecho omisión expresa a los servicios públicos perdidos que estaban en el complejo dotacional El Pilar, donde está proyectada la construcción de un parque por un importe de 10 millones de euros. Actualmente no hay ningún plan para restaurar dichos servicios, como tampoco hay planificación para devolver al municipio la masa urbanística que ha sido demolida.
La situación de los comerciantes de nuestro municipio sigue siendo desastrosa no solo por la cuantía ofrecida por el gobierno de la Comunidad de Madrid que sigue omitiendo los daños morales, sino por la tramitación administrativa que está imposibilitando a la mayoría de los comercios acceder a las indemnizaciones.
En definitiva, la falta de voluntad política por parte del gobierno regional está abocando a una situación insostenible a la ciudadanía afectada que únicamente exige: una vivienda digna por una vivienda digna, reparación real a los comercios afectados y la restitución de los servicios públicos perdidos.
Sobran argumentos para señalar que actualmente el conflicto abierto por la Línea 7B de Metro está en un escenario incierto y lejos de su total resolución. Ante esta circunstancia, clara, cristalina y desoladora, actualmente, no hay respuesta institucional realista por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto las víctimas siguen desamparadas y con sus derechos vulnerados.
Con respecto al problema técnico hay un criterio claro y profesional expresado en el último Dictamen del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos: San Fernando de Henares se hunde. No es una metáfora, es un hecho literal que se desprende del estudio técnico y del trabajo científico realizado. Las posibles soluciones técnicas siguen sin tener un camino claro y todo pasa por profundizar de forma seria en el análisis hidrogeológico para poder detectar y predecir cómo se están generando las graves alteraciones del suelo en San Fernando de Henares, ahora extendidas al municipio vecino de Coslada, tratando de desarrollar un análisis amplio y efectivo que siente las bases de una posible solución definitiva. Esta propuesta, realizada en el año 2008 por las universidades Politécnica y Complutense de Madrid, ha sido obviada sistemáticamente. El resultado: la devastación progresiva de San Fernando de Henares y la extensión del problema a Coslada. La opacidad del gobierno de la Comunidad de Madrid también es una de las claves que explican la situación actual. La mayoría de los informes técnicos relativos a los trabajos e intervenciones realizadas en el suelo de nuestro municipio siguen ocultos. Pese a la insistencia de diversos organismos institucionales, independientes y vecinales, dicha información sigue sin hacerse pública, lo que ha dificultado significativamente la realización de otros estudios que puedan contribuir a la búsqueda de una solución.
Es evidente que, tras 17 años, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de dar una solución real al problema técnico que asola nuestro municipio, pero por encima de todo al problema social que está generado una vulneración gravísima de los derechos de las víctimas.
Por ello exigimos:
– La puesta en marcha de un Plan Integral que asegure el cambio de una vivienda digna derribada o dañada por una nueva vivienda digna. Un plan consensuado en el marco de un diálogo honesto y real que ponga en el centro las necesidades de la ciudadanía afectada.
– Mejora y ampliación de las indemnizaciones para el comercio local que tenga en cuenta los daños materiales y morales generados.
– Se deben hacer públicos todos los informes relativos a la infraestructura de Metro 7B para organismos independientes puedan evaluar el estado técnico de la infraestructura y el suelo.
– Es urgente realizar un estudio hidrogeológico en San Fernando de Henares y Coslada para evaluar y predecir el comportamiento del problema geológico en el futuro, así como buscar soluciones técnicas definitivas.
– El reconocimiento íntegro de todas las viviendas damnificadas por los daños materiales y morales ocasionados.
– La recuperación del parque urbanístico y los servicios públicos perdidos de nuestro municipio, dentro de una solución global enmarcada en el Pacto de Estado.
