En plena crisis de vivienda, el Congreso de los Diputados ha rechazado este martes 27 de enero prorrogar la moratoria de desahucios que mantiene paralizados unos 70.000 desalojos de personas en situación de vulnerabilidad. La medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis por la Covid19.
La plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de 100 entidades de todo el Estado, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) entre ellas, recuerda que, aunque esta moratoria necesitaba mejoras notables para ampliar su cobertura, era la única medida que había demostrado su efectividad a la hora de detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Por ello denuncia la enorme irresponsabilidad que se haya dejado caer este decreto, causando inseguridad e incertidumbre a las familias.
En este sentido señala, por un lado, a los grupos parlamentarios que han votado en contra -PP, Junts, UPN y Vox-, en especial a Junts, teniendo en cuenta el especial contexto catalán en el que se reactivarán más de 13.000 procesos de desahucio. Por otro, al Gobierno como actor indispensable para que este decreto ley no salga adelante, al no conseguir los consensos para sacar adelante la norma y no haber propuesto ninguna medida estructural y permanente que garantice el derecho a la vivienda.
Ante esta situación, la Plataforma #NiUnDesahucioMás ha convocado de urgencia sendas concentraciones de protesta en Barcelona y Madrid con el fin de forzar medidas urgentes para recuperar la moratoria de desahucios así como para prorrogar de forma obligatoria los más de 600.000 contratos de alquiler que se prevén que finalizarán este año y que, como consecuencia de la actual crisis de vivienda, derivarán en más lanzamientos.
La concentración de Madrid comenzará a las 18:30 ante el Congreso de los Diputados. En ella participarán la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en nombre de la CEAV; el Sindicato de Inquilinas, la PAH, CCOO y Amnistía Internacional, entre otros colectivos que forman parte de la plataforma.
Para la plataforma la prioridad es clara: no se puede dejar a las familias en la calle, la Administración ahora mismo no tiene alternativas para afrontar el drama social que se avecina. Por ello, instan al Gobierno a aprobar un nuevo decreto ley que dé cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos, ampliando la protección a las familias vulnerables. Además, el Ejecutivo tiene que trabajar con los apoyos necesarios para sacar adelante esta medida con garantías. Una vez aprobado este decreto, el Gobierno y los grupos parlamentarios deben negociar un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda -o un realojo digno- con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda (ahora en tramitación), el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.
