El texto del Gobierno regional parte de un diagnóstico que la FRAVM comparte: la planificación territorial y urbanística es una herramienta esencial para el desarrollo equilibrado de los municipios y la satisfacción del interés general. Sin embargo, atribuye los retrasos en la tramitación de los instrumentos de ordenación, argumento principal para la creación de la Aceleradora, a la emisión de informes sectoriales, sin un análisis suficiente de las causas reales ni de la naturaleza de estos retrasos.
El proyecto de decreto “presenta deficiencias estructurales de gran calado, tanto en lo relativo a la falta de justificación de su necesidad y proporcionalidad como en lo referente a los vacíos e inconcreciones normativas que contiene”, lo que puede generar “ inseguridad jurídica, riesgos de arbitrariedad y un debilitamiento de las garantías de participación ciudadana, transparencia administrativa y control democrático en la tramitación urbanística”, indica la Federación Vecinal en su documento de alegaciones.
Además, “lejos de configurar un verdadero instrumento para mejorar la problemática del acceso a la vivienda, el proyecto introduce mecanismos de concentración competencial y de opacidad que desnaturalizan la autonomía municipal y subordinan la ordenación urbanística a intereses inversores particulares, sin atender a su función social ni al derecho constitucional a una vivienda digna (art. 47 de la Constitución Española)”.
Por todo ello, la FRAVM solicita expresamente que el proyecto de decreto sea retirado y no continúe su tramitación, “a fin de evitar la aprobación de una norma que, en su redacción actual, compromete gravemente la seguridad jurídica, la distribución constitucional y estatutaria de competencias y los principios de necesidad, proporcionalidad, transparencia y participación pública que deben regir toda regulación administrativa”.
En el siguiente enlace puedes ver el documento completo de alegaciones y propuestas presentado por la FRAVM.
