Pese a las multitudinarias movilizaciones celebradas en 2024 y 2025 en defensa del derecho a la vivienda, la situación continúa deteriorándose. Miles de personas han exigido soluciones urgentes ante una emergencia habitacional cada vez más extendida, pero la respuesta institucional y de los responsables políticos sigue siendo claramente insuficiente, cuando no inútil.
Lejos de atender este clamor ciudadano, las políticas públicas continúan favoreciendo los intereses del mercado, la especulación y la rentabilidad privada, mientras el acceso a la vivienda se vuelve cada día más inaccesible para amplios sectores sociales, que ven como sus proyectos de vida son imposibles, lo que empuja a las personas al desastre.
En este marco, la plataforma Hábitat 24 se une a los Días de Acción Global por la Vivienda, que se desarrollan esta semana y hasta el domingo 29 de marzo en todo el mundo, con una crítica a las políticas de vivienda en los ámbitos europeo, estatal y autonómico y la publicación de una tabla de reivindicaciones.
Ámbito europeo: diagnósticos parciales y ausencia de medidas estructurales
Hábitat24 alerta de que las instituciones europeas no están respondiendo con la ambición que requiere la crisis. El enfoque dominante —centrado en aumentar la oferta, movilizar inversión y agilizar la construcción— resulta claramente insuficiente, y mira más al lobby inmobiliario que a la ciudadanía.
Este marco no aborda las causas profundas del problema: la mercantilización de la vivienda, la financiarización del mercado y el debilitamiento del papel de los poderes públicos. Aunque el Parlamento Europeo ha incorporado algunos elementos positivos en su reciente resolución, hacia un Plan europeo de vivienda asequible, no son más que un maquillaje bajo el que persiste una orientación que prioriza la seguridad jurídica de los propietarios y de la especulación, sin asumir medidas estructurales que protejan a las personas y garanticen efectivamente el derecho a la vivienda.
Ámbito estatal: la vivienda subordinada a cálculos políticos
En el plano estatal, los últimos acontecimientos reflejan una preocupante falta de compromiso. La derogación del real decreto que prorrogaba la suspensión de desahucios y otras medidas del escudo social ha dejado desprotegidas a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
Lejos de reforzar estas garantías, el Gobierno, con un Parlamento claramente de derechas, incapaz de hacer frente al lobby de los caseros, y con un Ministerio de Vivienda sin la capacidad ni el empuje necesarios, ha optado por dejar fuera las medidas de vivienda de recientes paquetes legislativos, alegando dificultades parlamentarias. Con ello, deja de lado un hecho crucial: la grave situación que provoca el acceso imposible a la vivienda constituye una auténtica emergencia social. Esta decisión pasa por alto que la vivienda es el principal componente del coste de la vida y el factor más determinante de vulnerabilidad social, y avanza en la dirección contraria a la necesaria: garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
Hábitat24 denuncia que el cálculo político está sustituyendo a la responsabilidad social en un momento que exige determinación.
Ámbito autonómico (Comunidad de Madrid): inacción y dependencia del mercado
En la Comunidad de Madrid la política de vivienda se caracteriza por la falta de una ley autonómica que sitúe el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública, así como por el rechazo a utilizar herramientas existentes en la legislación estatal, como la declaración de zonas tensionadas para contener precios.
El denominado Plan Vive ejemplifica un modelo fallido: lejos de resolver el problema, reduce sus objetivos iniciales (25.000 viviendas reducidas a 13.000 hasta 2027), excluye a buena parte de la población vulnerable por sus requisitos económicos y prioriza la rentabilidad de operadores privados sobre el interés social.
Situaciones de inacción o maltrato en casos como el barrio de Cañada Real, la línea 7B de San Fernando y Coslada o los desahucios instados por la EMVS, que debería ser garante del derecho, es la cara más negativa de la política hacia personas y familias vulnerables.
Esta respuesta pública, de las autoridades madrileñas, contribuye a aumentar una emergencia habitacional que ya es insostenible.
Exigencias de Hábitat24: un cambio de rumbo urgente
Ante este escenario, Hábitat24 reclama:
– La aplicación efectiva y ampliación de la Ley Estatal de Vivienda.
– La declaración de zonas tensionadas y la regulación de los precios del alquiler.
– La creación de un parque público de vivienda permanente que alcance al menos el 30% del total.
– La movilización de viviendas vacías y de las pertenecientes a la SAREB.
– La suspensión de nuevas licencias de pisos turísticos y el cierre de los ilegales.
– Garantías para evitar desahucios sin alternativa habitacional.
– Actuaciones judiciales que impidan el acoso inmobiliario.
– Adecuación de barrios y pueblos al cambio climático y la protección de los valores medioambientales frente a operaciones urbanísticas especulativas.
– Soluciones urgentes para situaciones críticas como el barrio de Cañada Real, San Fernando y Coslada.
La vivienda no puede seguir tratándose como un activo financiero ni como un nicho de negocio. Es un derecho fundamental.
Por ello, Hábitat24 exige que todas las administraciones —europeas, estatales, autonómicas y locales— asuman su responsabilidad en función de sus competencias y actúen con decisión para asignar a la vivienda su función social.
Es imprescindible desmercantilizar la vivienda y ponerla al servicio de las personas, especialmente de las familias más vulnerables, protegiéndola como un derecho fundamental. Sin este cambio de enfoque, no habrá solución real a la crisis habitacional.
Suscriben este comunicado de prensa las siguientes organizaciones: Plataforma de Afectados/as por la L7B de Metro en San Fernando de Henares y Coslada, Greenpeace, Marea Naranja Madrid, Casa de la Cultura y la Participación de Chamberí, Espacio de Encuentro de Rivas y Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid: Amnistía Internacional Madrid, ATTAC Madrid, CAES, CCOO de Madrid, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Arganda Asamblea de Vivienda Usera, Cuarto Mundo, Foro Servicios Sociales, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real, UGT Madrid y FACUA. Apoyan: Más Madrid y Podemos
