La sentencia contra Airbnb, una buena noticia que debería impulsar a ayuntamientos como el de Madrid a cerrar los miles de pisos turísticos ilegales que siguen abiertos
La FRAVM aplaude el auto judicial conocido esta mañana que obliga a Airbnb a pagar 64 millones de euros por anunciar pisos turísticos ilegales. Esta acción de restauración de la legalidad impulsada por el Ministerio de Consumo es una buena medida que debería intensificarse y sumarse a otras como la persecución del alquiler de temporada fraudulento y la muy urgente prórroga de los contratos de alquiler. Todo, con el objetivo de ampliar el parque residencial ante la actual crisis de la vivienda.
Leer más


