La FRAVM comparte la necesidad del Gobierno autonómico de dotar a la Comunidad de Madrid de una estrategia que oriente, con visión de medio y largo plazo, la transición hacia un modelo productivo y de consumo más sostenible. Sin embargo, la principal herramienta diseñada para ello, la Estrategia de Economía Circular, al menos en su versión inicial, presenta notables carencias. La Federación Vecinal registró hace unos días un amplio documento de alegaciones y propuestas a la estrategia y a su Estudio Ambiental Estratégico con el objetivo de “mejorar la calidad normativa, reforzar la protección de la salud y del medio ambiente y asegurar la eficacia de las políticas públicas”.
Una vez más, el Ejecutivo de Ayuso ha llegado tarde y actuando, además, con “agosticidad”, ya que la mayor parte de los 45 días en los que su proyecto ha estado sometido a información pública se identifica con el mes de agosto, lo que supone una clara restricción del derecho de participación pública. Por ello, la FRAVM solicita de entrada la apertura de un nuevo plazo de alegaciones y, sobre todo, el reajuste de los plazos que aparecen en la estrategia y la revisión de los objetivos e indicadores que hacen referencia a 2025, ya que cuando se apruebe definitivamente el proyecto, que no será antes de finales de este año, estos se habrán quedado obsoletos. Junto a un nuevo calendario, será necesario aprobar “un régimen transitorio para 2025 que evite vacíos y garantice la continuidad de obligaciones y programas hasta la entrada en vigor de la nueva estrategia”.
Otra de las carencias importantes tiene que ver con la falta de metas cuantitativas y un calendario verificable, algo imprescindible si queremos evaluar los resultados de la estrategia. Por eso, la FRAVM propone un cuadro de metas cuantitativas para 2026-2032 que refleje, cada dos años, la evolución de elementos clave como los residuos municipales totales, el número de hogares y comercios con PAYT (Pago por Generación), la captación de bioresiduos o la extensión del sistema de recogida puerta a puerta de residuos orgánicos y de la fracción resto.
Por otro lado, la organización vecinal critica en su documento que la estrategia plantea una dotación presupuestaria absolutamente insuficiente en materia de prevención y reutilización de residuos, algo esencial en cualquier plan de economía circular. Ante ello, propone la aprobación de una serie de programas finalistas para fomentar la prevención en origen (con medidas como la sustitución de envases de un solo uso por otros reutilizables), la reutilización y reparación de residuos, la llamada compra verde vinculante para el sector público (que incluye contratos con cláusulas de reutilización y ahorro de residuos) y campañas de sensibilización ligadas a resultados. Estas convocatorias deberían representar como mínimo el 12% del presupuesto total de la estrategia.
Respecto a otro elemento clave de la economía circular, el Pago por Generación (PAYT) de residuos, la FRAVM lamenta que la estrategia se limita a contemplar estudios y guías, sin incluir ninguna hoja de ruta con fases y metas que deban ser cumplidas. Para paliar este déficit, la entidad vecinal sugiere la aprobación de una norma autonómica que obligue al PAYT para los residuos municipales, ayudas para los ayuntamientos que lo pongan en marcha así como un despliegue escalonado (con indicadores y metas) hasta el año 2032 que dependa del tamaño del municipio y su tipología urbana.
Desincentivar los vertederos y la incineración
Los sistemas de vertedero e incineración pertenecen a una época pasada, ya superada, de la gestión de los residuos. Por ello, la FRAVM no entiende que sigan teniendo un papel tan relevante en la nueva estrategia. Así, critica en su texto de alegaciones el “sobredimensionamiento del tratamiento de la fracción resto”, “lo que ancla el modelo de mezcla y desincentiva la prevención, el PAYT y la separación de bioresiduos”, y el mantenimiento de la incineración sin un plan de cierre de la planta de Las Lomas en Valdemingómez ni la “garantía plena” de que esta instalación cumple con las llamadas Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) a las que obliga la UE. Ante la peligrosidad de la incineradora para la salud y el medio ambiente y su escasa eficiencia, la Federación vuelve a reclamar la paralización de su actividad hasta que no cumpla con las MTD y la aprobación de un calendario de reducción de residuos a quemar hasta su cierre definitivo entre 2028 y 2030. Mientras tanto, el Gobierno regional debería implantar un canon específico para la incineración y realizar evaluaciones periódicas de las emisiones de la planta en la salud de la población.
Plan regional sobre olores
Otra de las carencias clamorosas de la estrategia autonómica tiene que ver con la falta una política específica de olores para vertederos y plantas de digestión o compostaje, uno de los focos de conflicto vecinal habitual en los últimos años por las implicaciones que representa para la salud y el bienestar de la población. Frente a esta ausencia, la FRAVM sugiere la aprobación de un Plan Regional de Gestión de Olores (PRGO) y medidas obligatorias para las citadas plantas de residuos, con requisitos técnicos mínimos de diseño/operación (naves cerradas para recepción y tratamiento, cubrimiento de balsas, mantenimiento de antorchas…), sistemas de monitorización contínua, distancias de protección (2.000-5.000 metros según tecnología/capacidad), protocolos de episodios malos olores y datos públicos.
La FRAVM ha sido una entidad pionera en la lucha contra la contaminación odorífera procedente de parques de residuos, logrando hitos como el actual plan de inversiones para la liminación/minimización de los malos olores en Valdemingómez, y ahora espera que el Gobierno regional sea sensible ante un problema que puede hacer la vida imposible a la vecindad que la sufre.
