Una desgracia como el desahucio de Maricarmen, la vecina de Retiro que el pasado miércoles fue expulsada de su casa a instancias de un fondo buitre, y la ola de indignación social posterior, ha hecho que por fin los grupos políticos de todo signo político se muevan y el Gobierno anuncie la aprobación de un nuevo real decreto. Ante este panorama, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) anima a todos sus colectivos y a la sociedad madrileña en general a salir a la calle para reclamar medidas urgentes para combatir la actual crisis de vivienda y evitar que los políticos aprovechen la situación para colarnos otras cosas como la postergada modificación de la ley del suelo estatal. La emergencia habitacional que vivimos es de tal dimensión que necesitamos un decreto exclusivo de vivienda, no una nueva ley ómnibus con la que nos impongan reformas legislativas que pueden hacer empeorar las cosas.
En este marco, la FRAVM hace un llamamiento a secundar dos convocatorias importantes de este fin de semana.
La primera, una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas que tendrá lugar mañana sábado 26 de septiembre desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, pasando por el Ayuntamiento de Madrid. Con el lema “Ni una Maricarmen más. Señalemos a los responsables”, la protesta se iniciará a las 18:30.
La segunda, una concentración impulsada el domingo 27 de septiembre por medio centenar de colectivos vecinales, ecologistas, de protección del patrimonio cultural, sindicales, profesionales y políticos, contra la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la región (LIDER). El acto comenzará a las 12:00 y confluirá a su término con una manifestación en defensa de la educación pública.
Estamos en un momento crucial. Hay que frenar de una vez por todas que tanto el suelo como la vivienda sean usados como mercancía y fuente de negocio para unos pocos, mientras desaparecen recursos públicos y la población se empobrece cada vez más ante unos precios del alquiler y de la compra de vivienda que han batido todos los records. En este marco, la FRAVM reclama a los grupos parlamentarios la aprobación de un nuevo real decreto que sirva realmente para afrontar la actual emergencia habitacional, que incluya medidas exclusivas de vivienda, y que han sido repetidas una y mil veces en los últimos años por el movimiento vecinal y los colectivos de vivienda. Medidas como la prohibición de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de los contratos ordinarios de alquiler, la recuperación de los contratos indefinidos de alquiler, el aumento de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB. La norma debería incluir, además, otras propuestas impulsadas por la FRAVM y su confederación estatal, la CEAV, como una regulación más restrictiva del alquiler de temporada para evitar su uso fraudulento por parte de los operadores de pisos turísticos, algo muy extendido en estos momentos en Madrid y otras grandes ciudades, y la exención tributaria de las ayudas a la rehabilitación para familias con rentas modestas para que no se repitan casos como el de las “viudas de Orcasitas”.
Por otro lado, la FRAVM vuelve a subrayar que es la Comunidad de Madrid la administración que tiene más competencias en materia de vivienda, y por ello reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que cese en su rebeldía a la Ley de Vivienda estatal y aplique medidas clave para atenuar la actual crisis como la creación de zonas tensionadas del alquiler y el tope de los precios de la vivienda.
Ley del suelo
Volviendo al nuevo decreto estatal, la Federación Vecinal exige dejar fuera del texto que podría ser aprobado el próximo martes la reforma de la ley del suelo estatal ante el temor de que solo sirva para desproteger más aún el suelo y empeorar las cosas. Lamentablemente, el borrador de la modificación de esta norma conocido hasta la fecha presenta el mismo espíritu que el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Sostenible de la Región (LIDER), la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, ya que blinda el urbanismo que ha alimentado la actual crisis habitacional. Producir más suelo y facilitar grandes operaciones no garantiza vivienda asequible. Cuando el suelo se trata principalmente como un activo financiero, crecen las expectativas de revalorización y la especulación, mientras los costes ambientales, las infraestructuras y los servicios recaen sobre el conjunto de la sociedad.
Ante la actual crisis, la ley del suelo estatal y las leyes del suelo autonómicas solo pueden estar al servicio de mejorar y facilitar el acceso a la vivienda del conjunto de la población, fomentando como nunca la creación de vivienda pública y realmente asequible, algo para lo que NO sirven los actuales proyectos estatal y madrileño y que han generado la oposición de multitud de organizaciones de la sociedad civil.
