La Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias ha interpuesto un recurso potestativo de reposición contra el Decreto de 28 de julio de 2026 por el que el Ayuntamiento de Madrid aprobó las condiciones reguladoras y otorgó al Banco de España una concesión demanial sobre diversos edificios y elementos singulares de la Quinta de Torre Arias.
El recurso, presentado el pasado 3 de septiembre, pide que la resolución sea anulada. De forma subsidiaria, solicita que se retrotraigan las actuaciones para subsanar los defectos de nulidad o anulabilidad señalados. Asimismo, se ha solicitado la suspensión de la ejecución del Decreto mientras se resuelve el recurso.
La Plataforma considera que la concesión, tal y como ha sido aprobada, no ofrece garantías suficientes para preservar la Quinta como un conjunto histórico, territorial y agropecuario unitario, ni para asegurar el cumplimiento efectivo de su Plan Especial de Protección y de su declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico.
Estos son los principales motivos del recurso:
- Vulneración del Plan Especial de Protección y de la declaración BIC. El recurso sostiene que la concesión fragmenta funcionalmente la Quinta y no respeta suficientemente la prioridad de los usos vinculados a su pasado agropecuario, ni su gestión pública y unitaria.
- Insuficiencia o ausencia de informes preceptivos y necesarios. Se cuestiona, entre otros aspectos, la suficiencia de los informes económicos, medioambientales, arquitectónicos y de patrimonio histórico y cultural que deberían justificar una actuación de esta entidad.
- Falta de justificación del régimen económico. El recurso cuestiona que la concesión quede inicialmente exenta de canon por una supuesta ausencia de utilidad económica para el concesionario, sin que exista una acreditación municipal suficiente de esa circunstancia.
- Incumplimiento del trámite de audiencia. La Plataforma, personada como interesada en el procedimiento, entiende que no dispuso de una audiencia efectiva antes de que se dictara la resolución, limitando su capacidad para formular observaciones sobre una decisión que afecta directamente a los fines para los que fue constituida.
- Duración de 75 años. Se impugna la falta de motivación suficiente para fijar el plazo máximo de la concesión, por su extraordinaria duración y por los efectos que puede producir sobre el uso y la gestión futura de los edificios.
- Protección de los bienes etnográficos, científicos, tecnológicos e inmateriales. El recurso advierte de que la protección de la Quinta no puede limitarse a sus valores arquitectónicos y debe abarcar también los elementos que explican su historia productiva, científica y agropecuaria.
La Plataforma subraya que la impugnación jurídica no supone rechazar la rehabilitación de los edificios ni las actividades públicas que puedan resultar compatibles con la protección de la Quinta. Lo que se cuestiona es la configuración concreta de una concesión de 75 años que, a juicio de la entidad, puede condicionar de forma muy prolongada el destino de una parte esencial del conjunto sin haber incorporado previamente todas las garantías patrimoniales, ambientales, económicas y de participación necesarias.
“La Quinta de Torre Arias debe recuperarse y tener actividad, pero cualquier proyecto tiene que partir de su protección como conjunto, de su carácter público y de la prioridad que el propio planeamiento reconoce a su historia agropecuaria. El objetivo del recurso es garantizar que esas obligaciones no queden relegadas”, sostiene la plataforma.
Defensa jurídica y diálogo institucional
La Plataforma continuará utilizando las vías jurídicas que correspondan para defender la Quinta y, al mismo tiempo, mantendrá el diálogo con las instituciones implicadas y con el Banco de España para explorar soluciones compatibles con el Plan Especial, la declaración BIC, la integridad del conjunto y su uso público.
La entidad considera que cualquier solución futura debe ofrecer garantías públicas y vinculantes sobre los usos, la protección patrimonial, la integración de las actividades agropecuarias y educativas, la accesibilidad ciudadana y la conservación de la Quinta como una unidad histórica y funcional.
