En sus alegaciones, la FRAVM señala que la Administración pretende otorgar la prórroga en base a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2019, que ha quedado completamente obsoleta. De hecho, el propio expediente reconoce que deberá ser modificada. «Si la DIA debe modificarse, no procede otorgar la prórroga y modificar después, sino suspender o denegar la autorización hasta tramitar una nueva evaluación ambiental completa, actualizada y con participación pública efectiva», indica la organización. Tampoco sería admisible una prórroga de esa DIA pues eso solo sería posible en ausencia de cambios sustanciales en el ámbito de actuación, y todos sabemos que en los últimos años este ha conocido transformaciones importantes. El Informe de Biodiversidad 2020-2022, elaborado por el Grupo de Trabajo para la Restauración, Conservación y Protección de las Lagunas de Ambroz y todo su entorno, acredita un esfuerzo científico y ciudadano que no existía cuando se formuló la DIA. Se trata de un estudio estructurado sobre medio abiótico, geología, hidrogeología, hongos, flora, aves, mamíferos, herpetofauna, invertebrados y marco normativo. «La Administración no puede seguir tratando el ámbito como un hueco minero sin valores relevantes cuando ahora dispone de información suficiente para saber que se trata de un ecosistema singular. El cambio sustancial no es solo físico; es ecológico, científico, hidrológico, administrativo y social«, subraya la FRAVM.
El sinsentido de autorizar ahora para comprobar después
Por otro lado, en sus alegaciones la Federación Vecinal destaca que la propuesta del Gobierno regional pretende «otorgar la prórroga de la concesión y autorizar el Plan de Restauración, pero reconoce al mismo tiempo que cuestiones esenciales del proyecto no están suficientemente definidas y deberán resolverse con posterioridad». Cuestiones tan importantes como el origen del agua de las lagunas, si el vaciado que propone la compañía puede afectar «a uno o varios acuíferos colgados del regional» o si la explotación minera tendrá un impacto sobre el Acuífero Terciario Detrítico de Madrid.
Esta lógica de «autorizar ahora y comprobar después» vulnera, según la organización, los principios de prevención y cautela del Derecho Ambiental. No se puede autorizar el vaciado de la laguna sin una caracterización hidrogeológica completa e independiente que aclare si el agua es de origen freático, tal y como indican estudios técnicos recientes, y no una mera acumulación de pluviales. Y tampoco sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo en relación con la concesión de aguas subterráneas, algo que aún no se ha dado.
En su escrito, la Federación también denuncia que el proyecto desplaza a una fase posterior a la autorización la entrega de informes críticos sobre la «no afección a infraestructuras próximas como edificaciones, M40 o R3». Resulta inaceptable que la seguridad geotécnica y la estabilidad de los taludes se verifiquen una vez concedida la prórroga, ignorando los principios de prevención y cautela.
En resumen, ante la gravedad de las deficiencias expuestas, la FRAVM solicita formalmente que se deniegue la prórroga de 30 años de la concesión minera y no se autorice el Plan de Restauración propuesto, al considerarlos documentos insuficientes, contradictorios y que el propio expediente administrativo reconoce que deben ser modificados.
La prórroga minera hasta el año 2037 que ha solicitado TOLSA puede condicionar gravemente el futuro ambiental y urbanístico del este de Madrid y entra en colisión directa con proyectos medioambientales estratégicos como el Bosque Metropolitano, el corredor ecológico de Ambroz y la propuesta social de creación de la Casa de Campo de Ambroz y sus Lagunas. La Federación Vecinal sostiene que la explotación es incompatible con la conservación de la biodiversidad ya instalada y que la restauración ecológica que propone el expediente de la Comunidad de Madrid no debe ser una promesa futura, sino una actuación del presente, que sirva para mejorar la protección del ecosistema vivo actual.
