A falta de una ley autonómica que garantice el derecho a la vivienda, algo que el movimiento vecinal lleva años reclamando, el Gobierno regional ha decidido usar su nueva ley del suelo para este fin. Pero, a tenor de su Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), no solo no servirá para dar respuesta a la actual crisis habitacional, tal y como plantea el Ejecutivo autonómico, sino que la agravará. No en vano, el texto, una suerte de ley del suelo de Aznar de 1998 remozada y en clave autonómica, concibe todo el suelo no protegido de la región, e incluso parte del protegido, como un gran solar disponible para que la iniciativa privada pueda construir, hacer negocio. El derecho de acceso a un hogar de la población queda en un lejísimo segundo plano.
Una vez más, con el loable aunque demasiado manido argumento de reducir la burocracia y flexibilizar y adaptar la vieja normativa a la realidad de nuestro tiempo, el Gobierno de Ayuso pretende sacar adelante una nueva ley que puede suponer una nueva vuelta de tuerca a la citada norma de liberalización del suelo de Aznar, todo «en favor del mercado del suelo y de la promoción inmobiliaria privada». Ante este riesgo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a casi 300 entidades de la comunidad, ha registrado esta semana un completo documento de alegaciones al anteproyecto de la LIDER, una «auténtica oportunidad perdida» para lo que debería servir en estos momentos de emergencia habitacional: «garantizar el derecho a la vivienda, reequilibrar el territorio, fortalecer a los ayuntamientos, mejorar la ciudad existente, proteger el suelo rural y ampliar la democracia urbana». Lejos de servir para estos fines, con un enfoque marcadamente economicista y urbanocentrista, la norma propuesta por el equipo de Isabel Díaz Ayuso aparece como un «nuevo intento de adaptar el marco legal a las demandas de agilización y flexibilidad de quienes siguen contemplando el territorio y la vivienda, ante todo, como ámbitos de oportunidad económica».
Por ello, y dado que el anteproyecto ni siquiera supone una mejora suficiente respecto al marco normativo vigente ni corrige los déficits de fondo de normas como la Ley 9/2001 y la fracasada Ley 9/1995, la FRAVM solicita la retirada del texto y la apertura de un «proceso de participación real y útil, con la ciudadanía, los agentes sociales y las administraciones», que de lugar a una norma que responda de verdad a las necesidades de nuestra región. Otro de los argumentos para que la iniciativa regrese a la casilla de salida es el reducidísimo periodo de información pública impuesto por la Comunidad de Madrid para un proyecto del tamaño y la importancia de la nueva ley del suelo. El plazo de un mes concedido, con la Semana Santa en medio, «resulta insuficiente para garantizar una participación pública real y efectiva en un asunto de indudable trascendencia territorial, urbanística, social y ambiental». Por ello, si el Gobierno regional no retira el proyecto, la FRAVM propone que al menos reabra el trámite de audiencia e información pública «por un plazo adicional suficiente, y en todo caso no inferior a 45 días hábiles»
La Federación Vecinal muestra en sus alegaciones una voluntad claramente constructiva, y valora aspectos positivos de la propuesta gubernamental, como «la voluntad de ordenar con mayor claridad determinadas piezas del sistema; la introducción de un título específico sobre información urbanística y participación ciudadana; o la mayor presencia formal de la rehabilitación, la regeneración y la ciudad consolidada en el discurso de la norma». Sin embargo, estos elementos no alteran su valoración crítica y pesimista del anteproyecto y la necesidad de que sea revisado por completo.
La FRAVM echa en falta en la propuesta gubernamental «una apuesta mucho más decidida por la vivienda protegida en sentido estricto, por su mantenimiento duradero como tal, por su destino preferente al alquiler, por la mezcla de vivienda libre y protegida en cada ámbito o sector, por la prevención de guetos y por el refuerzo de los patrimonios públicos de suelo como soporte de una política pública de vivienda sostenida en el tiempo. Del mismo modo, la ley debería vincular con mayor fuerza los nuevos desarrollos a la creación efectiva y simultánea de equipamientos básicos públicos, evitando que la llegada de población siga produciéndose por delante de los servicios, como tantas veces ha ocurrido en la región», puede leerse en el texto de alegaciones vecinales. En este marco, la Federación Vecinal propone, entre otras cosas, que más del 50% del suelo residencial en los nuevos desarrollos se destine a vivienda protegida» y que una parte sustancial de esta sea obligatoriamente de alquiler. Además, debería reforzarse legalmente la definición de vivienda protegida, evitando fórmulas ambiguas como las que existen en la actualidad, y garantizarse su mantenimiento como vivienda protegida durante toda la vida útil del inmueble.
En la misma línea, la ley debería servir para reforzar la adquisición de suelo público y ampliar los patrimonios públicos de suelo, limitar aún más la posibilidad de enajenar este tipo de patrimonio, reforzar el derecho de superficie como instrumento preferente para ceder suelo público destinado a vivienda protegida, equipamientos y fines de interés general y ampliar y reforzar la regulación de los derechos de tanteo y retracto.
Reequilibrio territorial, suelo rural y autonomía municipal
La FRAVM valora que el anteproyecto recupere formalmente la ordenación territorial, pero lamenta que no la desarrolle con la fuerza necesaria como verdadera política de reequilibrio regional. Para enmendarlo, propone cosas como la modificación de ciertos artículos para que la Estrategia Territorial y los Planes Territoriales incluyan de forma obligatoria objetivos, indicadores y medidas concretas orientadas a reducir las desigualdades socio-territoriales, mejorar la distribución de equipamientos y servicios, corregir déficits en áreas vulnerables y promover una localización más equilibrada de actividad económica y empleo.
Por otro lado, la organización ciudadana alerta del debilitamiento de la protección del suelo rural que incluye el anteproyecto, al ampliar en exceso los supuestos en los que puede autorizarse usos y actividades ajenos a su función propia. Esta circunstancia, al igual que ciertos instrumentos de alcance regional y otros elementos que pueden generar inseguridad jurídica por el desplazamiento excesivo de contenido normativo hacia ordenanzas urbanísticas, que aparecen en la propuesta normativa autonómica, podría colisionar con la legislación de ámbito estatal.
Por ello, la FRAVM entiende que el régimen de suelo rural debe ser revisado para reforzar su preservación territorial, ambiental, agraria y paisajística, acotando rigurosamente los usos excepcionales y evitando que la excepción termine actuando como regla.
Otro de los problemas del anteproyecto tiene que ver con el debilitamiento de la autonomía municipal con la inclusión de figuras como las Zonas de Interés Regional y los Proyectos de Alcance Regional, unos mecanismos que debido a su excesiva amplitud permiten convertir la excepcionalidad en regla, «subordinando el planeamiento municipal a decisiones adoptadas desde la lógica de la urgencia inversora, la oportunidad económica o la mera conveniencia política». Por ello, la Federación Vecinal sugiere, entre otras cosas, que «se redefina de forma mucho más estricta el concepto de interés regional, limitándolo a actuaciones de inequívoco alcance supramunicipal, vinculadas a infraestructuras, dotaciones o servicios públicos que no puedan articularse razonablemente a través del planeamiento ordinario».
En la misma línea, la LIDER debería reforzar el municipalismo efectivo, limitando la tutela autonómica a supuestos estrictamente necesarios, lo que implica, por ejemplo, que la aprobación definitiva del Plan Estratégico Municipal de cada localidad o de sus Planes Ejecutivos, debería corresponder a cada ayuntamiento (y no al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como sucede ahora), sin perjuicio de los informes que sean necesarios de la administración regional.
Pérdida de control público
En sus 36 páginas de alegaciones la FRAVM recoge muchas otras propuestas y criticas al texto regional, algunas relacionadas con su orientación excesivamente favorable a la iniciativa privada. «El anteproyecto debe revisarse para reforzar la dirección pública efectiva de la gestión urbanística y para limitar la externalización o privatización de funciones que afectan al núcleo de la acción urbanística», sostiene la organización vecinal.
La entidad critica también que la nueva norma no refuerza de manera suficiente la disciplina urbanística ni el control administrativo efectivo y que, en algunos extremos en los que la externalización de estas funciones se convierte en habitual, puede contribuir a su debilitamiento. A ello se suma que mantiene el peso de las declaraciones responsables urbanísticas, cuyo abuso ya ha generado problemas enormes en la región, como el descontrol y la expansión de las viviendas de uso turístico ilegales. Ante esto, la FRAVM propone cosas como una limitación «mucho mas estricta del papel de las entidades privadas colaboradoras urbanísticas, excluyendo su intervención en funciones que afecten materialmente a la verificación, inspección y control de la legalidad urbanística, así como en la comprobación de calificaciones de vivienda protegida». Y «que se refuerce la regulación de la inspección urbanística mediante la incorporación de obligaciones más claras de dotación de medios personales y materiales, tanto en la Administración autonómica como en la local, especialmente en los municipios con mayor presión urbanística o edificatoria».
En el siguiente enlace puedes descargarte el documento completo de alegaciones de la FRAVM:
