El próximo martes, 28 de julio, el Gobierno central tratará de aprobar en el Consejo de Ministros un nuevo decreto sobre vivienda que, a diferencia de la propuesta anterior, sea capaz de salir adelante en el pleno del Congreso de los Diputados. El decreto incluirá previsiblemente una nueva prórroga de los contratos ordinarios de alquiler, una regulación más restrictiva del alquiler de temporada para evitar su uso fraudulento por parte de los operadores de pisos turísticos, así como un incremento de la tributación de estos negocios y un endurecimiento del régimen sancionador de su publicidad en las plataformas. Tres medidas que cuentan con la simpatía del movimiento vecinal, pues lleva años proponiéndolas en el marco de su defensa del derecho a la vivienda y de la ampliación del parque residencial ante la actual crisis habitacional. Igualmente, incluirá una medida por la que lleva batallando décadas: la exención tributaria de las ayudas a la rehabilitación para familias con rentas modestas. Lamentablemente esta exención aparece como excepcional y solo afectará a las ayudas percibidas en los últimos cinco años, cuando lo que propone la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y la FRAVM es que afecte a todas las ayudas de manera permanente para rentas menores a 32.500 euros anuales, modificando para ello la Ley del IRPF, con el fin de que no se repitan injusticias como la de las viudas de Orcasitas.
En todo caso, el decreto incorporará también la modificación de algunos artículos de la actual Ley del Suelo, algo que ha generado una gran inquietud y preocupación en los colectivos vecinales y en partidos como Podemos.
Ante este panorama, con el fin de compartir propuestas sobre la posible reforma de esa ley, una representación de CEAV, que agrupa a más de un centenar de confederaciones y federaciones y a más de 3.000 entidades, se ha reunido esta mañana en el Congreso de los Diputados con Podemos. La vicepresidenta y coordinadora de Vivienda de la CEAV, Margarita García, y su responsable de Relaciones Institucionales y presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, han mantenido un encuentro con el diputado Javier Sánchez Serna y su equipo.
Ambas delegaciones han coincidido en considerar la Ley el Suelo como una norma esencial para facilitar el acceso a la vivienda de la población, garantizar el carácter social del suelo, proteger el medio ambiente y el patrimonio y luchar contra la especulación y el uso del suelo como mercancía. Todo lo que perjudique estos fines contará con la oposición del movimiento vecinal.
En este marco, los representantes vecinales han trasladado al responsable de Podemos su deseo de que la reforma de la ley sirva para reforzar la acción popular y ciudadana en la defensa del carácter social del suelo. Para ello, la CEAV propone que incorpore de manera explícita referencias a dos convenios: el Convenio de Aarhus, para permitir la justicia gratuita o poco onerosa a las organizaciones sociales en litigios medio ambientales, y el Convenio de Faro, para garantizar igualmente la justicia gratuita a la ciudadanía en la protección del patrimonio.
No es de recibo que las entidades vecinales, conservacionistas y de defensa del patrimonio deban renunciar casi siempre a llevar ante la justicia barbaridades y atropellos urbanísticos porque carecen de recursos económicos para hacerlo.
Con el mismo fin de mejorar la participación de la ciudadanía, la CEAV solicita una modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo para evitar que las administraciones actúen con «agosticidad», tal y como a menudo sucede. Así, reclama que se excluyan los periodos de agosto y el que va del 24 de diciembre al 6 de enero de las fases de información pública de los procedimientos de aprobación de normas, planes, licencias y otras figuras urbanísticas.
Mayor seguridad jurídica
Por otro lado, ante el temor de que una reducción y flexibilización de los trámites administrativos abra la puerta a nuevos desmanes urbanísticos, la organización vecinal pide reforzar la seguridad jurídica incrementando los principios de «nulidad y anulabilidad» de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que recoge el artículo 55 de la Ley del Suelo.
La línea que sigue la CEAV es la misma usada por la FRAVM ante la nueva Ley del Suelo madrileña (la llamada Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, LIDER), cuyo proyecto de ley fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se trata de un proyecto que no aborda el enorme desequilibrio territorial en la región, ni establece medida alguna para controlar y paliar el encarecimiento de la vivienda o para favorecer el incremento del parque público residencial, ni para frenar la especulación y la privatización de lo común, o para mitigar los efectos del cambio climático. Por ello, cuenta con el rechazo del movimiento vecinal, que junto con otras organizaciones de la sociedad civil madrileña tratará de que no sea aprobada en el parlamento regional.
Tras la reunión con Podemos, la CEAV retomará sus contactos con el Grupo Parlamentario Sumar y con responsables del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el fin de mejorar el nuevo decreto con sus propuestas.
