El texto, aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 15 de octubre, se encuentra hasta el día de hoy en fase de información pública. El escrito pide rectificar el proyecto antes de su aprobación definitiva. «En particular, solicitamos que se complete y revise la fundamentación técnico-económica, que se corrijan las imputaciones residenciales que no resulten acreditadas y que las modificaciones de tarifas, reducciones e indicadores incorporen las garantías de equidad, prevención y transparencia», puede leerse en el documento vecinal.
En el tercer año de aplicación de la tasa, la FRAVM lamenta que el Ayuntamiento mantenga un modelo que no permite relacionar de manera suficiente lo que paga cada hogar con los residuos que genera y con su esfuerzo por separarlos. La organización valora de manera positiva la incorporación del número de personas empadronadas desde 2026 y la ampliación a cinco fracciones del indicador de separación, y defiende que se mantenga la protección a perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI). Pero considera que estas mejoras no resuelven los problemas de fondo: el predominio de la tarifa básica, la dependencia de estimaciones territoriales y una protección económica que no alcanza a todos los hogares que la necesitan.
Ningún barrio supera el 80 % de separación que exige la tasa para abaratar el recibo
El Coeficiente de Calidad en la Separación (CCS), que ya se aplicaba, combina en 2027 cinco fracciones y una nueva escala que encarece o abarata la tarifa por generación. Con esa escala, un resultado del 75 % supone pagar un 33 % más en esa parte de la tasa; un 85 %, un 3 % menos, y un 95 %, un 30 % menos. Los porcentajes se aplican a la tarifa por generación, no al recibo completo. Para obtener una reducción hay que alcanzar al menos un 80,01 %, y ninguno de los barrios recogidos en el informe municipal llega a ese nivel. “Por tanto, con esos resultados, ningún barrio se beneficiaría de una reducción de la tarifa por generación por su calidad de separación”, advierte la FRAVM. La entidad precisa que esto no permite afirmar por sí solo que todos los recibos vayan a subir, porque el importe final depende también de otros elementos del cálculo.
La Federación Vecinal pide justificar ese umbral, revisarlo a la vista de los resultados actuales y publicar los datos de cada barrio. Recuerda además que no se han analizado muestras de todos los barrios: entre junio y diciembre de 2025, la cobertura fue del 89,3 % en orgánica, el 74 % en envases, el 62,6 % en resto, el 50,4 % en vidrio y el 48,1 % en papel y cartón. Donde faltan datos se aplican medias del distrito, de modo que a algunos barrios se les atribuye una calidad de separación no comprobada directamente, que puede determinar cuánto pagan sus residentes.
Antes de aplicar un recargo por mala separación, la FRAVM reclama comprobar si el resultado responde a carencias del servicio, como la escasez de contenedores marrones o su llenado antes de la recogida. “Las deficiencias del servicio no deben confundirse con una conducta negligente del hogar”, subraya.
Recibos desproporcionados en Sol, Cortes y El Plantío
El informe atribuye 917,53 kg homogéneos por empadronado a Sol, 736,04 kg a El Plantío y 476,91 kg a Cortes. La FRAVM aclara que son equivalencias económicas y no kilos físicos, pero considera que diferencias tan intensas con otros barrios exigen explicar qué circunstancias acreditadas las justifican. El cálculo municipal obtiene los residuos de los hogares restando del total la generación estimada de las actividades económicas, por lo que cualquier infravaloración de estas aumenta automáticamente lo que se imputa al vecindario. En Sol y Cortes, la Federación Vecinal apunta a la concentración de alojamientos turísticos, hostelería, comercio y visitantes, y a las viviendas de uso turístico (VUT) con uso catastral residencial, que pueden aportar residuos sin sumar personas empadronadas. En El Plantío no presume una causa concreta y pide verificar actividades, residuos vegetales, población y rutas de recogida.
La organización reclama una revisión documentada de los tres barrios, la corrección de las cuotas afectadas y la publicación, por barrio y fracción, del balance entre lo recogido, lo descontado por actividad económica y lo imputado a los hogares.
El recibo debería depender más de los residuos que del valor catastral
El informe atribuye a costes fijos aproximadamente el 82,15 % del coste neto: 276,15 millones de euros, frente a unos 60,02 millones variables. Para la FRAVM, esta estructura limita el efecto económico de reducir residuos, ya que la tarifa básica se calcula según el valor catastral, que no refleja la renta disponible ni el comportamiento ambiental de quienes ocupan la vivienda. La organización pide reducir su peso de forma progresiva y justificar por qué sube en 2027, también en el tramo residencial más bajo, que pasa de 34,56 a 35,97 euros.
Propone además sustituir los tramos de generación actuales —uno único entre 200,01 kg y 500 kg por persona y año, y otro por encima de 500 kg— por diez tramos basados en kilos reales. Hoy, con el mismo número de residentes, un hogar al que se atribuyen 250 kg por persona paga la misma tarifa por generación que otro con 450 kg. La FRAVM plantea tomar como referencia los 365 kg por persona y año, un kilo diario: hasta 130 kg se aplicaría la tarifa mínima; entre 130 y 365, el importe crecería de forma proporcional, y por encima, de forma exponencial.
Ayudas dependientes de la renta y no del tipo de familia
La ordenanza mantiene reducciones de hasta el 90 % para familias numerosas sin límite de renta, mientras la protección económica se concentra en perceptores de IMV o RMI. El propio informe estima que los límites máximos de los recibos reducen la recaudación en 14,56 millones de euros, frente a 5,43 millones por familias numerosas y 1,52 millones por vulnerabilidad económica: más del triple para familias numerosas que para hogares vulnerables.
La FRAVM propone eliminar los beneficios por el mero hecho de ser familia numerosa y sustituirlos por un sistema abierto a cualquier hogar según sus ingresos, el número de personas que dependen de ellos y situaciones como el desempleo, la discapacidad o la dependencia. Plantea una reducción del 100 % para los hogares más vulnerables, rebajas decrecientes conforme aumente su capacidad económica y su aplicación directa cuando el Ayuntamiento disponga de los datos.
La rebaja del IBI no compensa la tasa
La rebaja anunciada del tipo general del IBI, del 0,414 % al 0,4 %, supone un ahorro anual de 14 euros por cada 100.000 euros de base liquidable, antes de bonificaciones. Para una base de 200.000 euros son 28 euros: si el recibo de residuos supera esa cantidad, el hogar paga más por la suma de ambos conceptos. Además, la rebaja ahorra más cuanto mayor es la base liquidable y no llega necesariamente a quienes viven de alquiler.
La FRAVM vuelve a criticar que la coexistencia del IBI y la tasa constituye una doble imposición, ya que antes de la creación de esta última parte del IBI se usaba para sufragar la gestión de residuos.
El impacto del turismo
La Federación Vecinal pide que la tasa distinga las viviendas de uso turístico (VUT) de las habituales y calcule sus residuos con datos de plazas, ocupación y días de funcionamiento, y no solo con las personas empadronadas o con dos residentes por defecto. Reclama revisar los servicios de recogida específicos para hoteles, restaurantes, cafeterías y grandes comercios, ampliarlos donde sean insuficientes y llevar un registro verificable de lo recogido. Y, al margen de la tasa de basuras, vuelve a recordar su propuesta de aprobar una tasa turística que contribuya a financiar los costes de residuos y limpieza que genera el turismo, para que no recaigan sobre la población residente.
Otras propuestas
Junto a las propuestas anteriores, la FRAVM ha incorporado en su documento estas otras:
– Excluir del cálculo de la tarifa básica, mediante una valoración verificable, la parte del valor catastral que corresponde a garajes y trasteros incluidos en la referencia de la vivienda y que no pagarían la tasa si figuraran por separado.
– Reducciones para los hogares que participen en el compostaje doméstico o comunitario, en programas de reutilización o que usen correctamente los puntos limpios, accesibles también a quien no tiene jardín ni vehículo.
– Una reducción específica para los locales de asociaciones vecinales y entidades sociales sin ánimo de lucro, y estudiar su exención en los supuestos legalmente admisibles.