Algunos de los principales problemas en cuanto al tránsito por la zona son:
– Fuertes atascos dentro del barrio, que provocan retrasos y un gran deterioro del servicio de autobuses. Este es el caso, por ejemplo, de la línea 87, el único autobús que recorre el interior del barrio de Las Cárcavas.
– Largas retenciones y denso tráfico en la rotonda del Río Urubamba, en especial en las horas puntas de salida y entrada a las oficinas de la zona de Cristalia y Ribera del Loira y Ribera del Sena. En esta rotonda también hay varios pasos de peatones que no tienen semáforo.
– Los coches, una vez consiguen sortear los continuos atascos, para intentar recuperar tiempo se lanzan a velocidades muy superiores a los 30 km/h permitidos en el barrio. Ya se han dado muchos casos en los que no se respetan los pasos de peatones y semáforos, incrementando el riesgo de atropellos y otros siniestros graves.
– En la calle Tomás Redondo se ubica la planta de hormigón de Mahorsa. De aquí salen de forma continua hormigoneras de gran tonelaje. Este flujo de vehículos pesados causa más atascos y más inseguridad para los peatones, ya que los camiones ocupan parte de la acera hasta que se pueden incorporar a la carretera.
– Justo frente a esta planta de hormigón está el colegio Juan Zaragüeta, donde cotidianamente se produce un peligroso cóctel de camiones, niños y niñas llegando al colegio, y de automóviles que se dirigen a las zonas de oficinas de Cristalia, Ribera del Loira y del Sena. De hecho, hace unos meses ocurrió un accidente mortal en el que falleció un motorista arrollado por la salida de uno de estos camiones.
En definitiva, estos y otros problemas similares generan una grave deficiencia en la movilidad del barrio, llegando a generar situaciones de colapso e incomunicación, que podrían resultar dramáticas ante cualquier posible emergencia sanitaria o de otro tipo.
Las organizaciones de la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid denuncian que esta situación no deja de empeorar a medida que avanzan las obras. Peor aún, será algo que se repetirá a lo largo de cinco meses durante los diez años que está previsto que funcione el circuito.
Por este y los motivos (coste desaforado para las arcas públicas, falta de interés social, generación de ruidos superiores a los permitidos por la legislación y un largo etcétera) la Plataforma declara su intención de seguir adelante con los recursos jurídicos y con la movilización social para detener este circuito que jamás debió plantearse en una zona urbana en contra de su población.
