El juicio del Caso Lezo, iniciado el 13 de octubre de 2026, reabre una etapa de corrupción vinculada a los gobiernos del Partido Popular (PP) presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Asociación Parque SÍ en Chamberí lleva diez años esperando este juicio, en el que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con el desvío de fondos del Canal de Isabel II.
Para la asociación, este caso tiene una dimensión especialmente dolorosa: afecta al Tercer Depósito del Canal de Isabel II, donde se construyeron unas instalaciones de golf en lugar del parque público prometido a los vecinos y vecinas en 2002. Entre 2007 y 2023, el barrio se vio privado de ese espacio verde, cuya recuperación fue posible gracias a la movilización vecinal y a la acción judicial.
Dilaciones indebidas: también hay que escuchar a los vecinos y vecinas
El Ministerio Fiscal aprecia dilaciones indebidas y, por ello, plantea una rebaja de las penas solicitadas para algunos acusados. Parque SÍ en Chamberí considera que la demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos y vecinas, que tuvieron que esperar años para recuperar un espacio público que les correspondía. Recordamos al ministerio público que la Asociación Parque SÍ en Chamberí interpuso en la Fiscalía de Madrid tres denuncias contra Ignacio González (2007 y 2009 y una querella criminal en 2010). En las tres ocasiones, la Fiscalía de Madrid, en concreto el fiscal Manuel Moix, archivó las denuncias sin hacer ninguna indagación, la Fiscalía hizo dejación de funciones y no estudió las pruebas y documentos que la asociación presentó y ahora plantea la atenuante de “dilaciones indebidas”. Si hubieran hecho su trabajo no existiría el caso Lezo.
Por ello, el colectivo barrial pide que se valore este daño y que no se aplique la atenuante de dilaciones indebidas en los términos que puedan beneficiar a los acusados.
Más de 26 millones de euros: el coste para los madrileños
A la pérdida de un espacio verde hay que sumar el perjuicio económico derivado de la construcción, demolición y sustitución de las instalaciones de golf, promovidas durante la etapa en que Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid e Ignacio González presidía el Canal de Isabel II. Según la información publicada y los datos recopilados por la asociación, destacan los siguientes importes:
• 16 millones de euros de sobrecoste: el presupuesto de las obras pasó de 42 a 58 millones de euros, según las actas del Consejo de Administración del Canal.
• 300.000 euros destinados a demoler las instalaciones de golf.
• 10 millones de euros destinados a construir el nuevo parque.
• 20.000 euros abonados por la Comunidad de Madrid al despacho de abogados Cuatrecasas para litigar contra los vecinos, según la información de que dispone la asociación.
El total de estos conceptos asciende a 26,32 millones de euros, una factura que evidencia la necesidad de esclarecer las decisiones adoptadas y sus consecuencias para las arcas públicas. A esta cantidad podrían añadirse otros gastos todavía sin aclarar. El Canal de Isabel II no ha informado a la asociación de cuánto dinero dejó a deber la empresa concesionaria ni del coste de la renovación del césped de los campos de fútbol tras el cierre de las instalaciones.
La concesión, adjudicada en 2013 por 4,19 millones de euros, terminó tras el cierre del golf en 2016, en un contexto marcado por una sentencia favorable a Parque SÍ en Chamberí y por la quiebra y liquidación de la empresa gestora. ¿Cuánto dinero quedó pendiente de pago? ¿En qué estado se entregaron las instalaciones? ¿Cuánto costó reparar o sustituir lo deteriorado? Son preguntas que siguen sin respuesta y que deberían aclararse para conocer el coste real de aquella gestión.
Las denuncias vecinales y las responsabilidades políticas
Parque SÍ en Chamberí denunció en tres ocasiones a Ignacio González ante la Fiscalía Anticorrupción. Las denuncias tuvieron repercusión en numerosos medios de comunicación. Por ello, la asociación cuestiona las afirmaciones de Esperanza Aguirre de que desconocía lo ocurrido. Recomendamos el documental “De interés general, un barrio por un parque” que se puede ver en la plataforma Filmin, donde se puede constatar el gran trabajo realizado por la asociación para recuperar el parque malversado y sustraído a los vecinos.
No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general. Los vecinos y vecinas perdieron durante años un espacio público esencial para Chamberí, mientras que los madrileños y madrileñas tuvieron que asumir importantes costes económicos. Por todo ello, Parque SÍ en Chamberí reclama que se esclarezcan los hechos, se depuren las responsabilidades que correspondan y se tengan en cuenta las consecuencias sociales y económicas de esta actuación. Asimismo, pide al Ministerio Fiscal que no aplique la atenuante de dilaciones indebidas y que se impidan, conforme a la ley, el acceso y el ejercicio de cargos y puestos públicos a quienes resulten afectados por las correspondientes inhabilitaciones. El parque se recuperó gracias a la lucha vecinal. Ahora exigimos que se esclarezcan todas las responsabilidades y que el coste de aquella gestión no quede en el olvido.
