La Federación Vecinal plantea subir el IBI a los pisos vacíos de Madrid y bajarlo a la vivienda protegida para hacer frente a la crisis de vivienda

La Federación Vecinal reclama un recargo de hasta el 50 % para las viviendas vacías más de dos años de propietarios con cuatro o más inmuebles residenciales, que la ley ya permite aplicar en Madrid y propone bonificar al 95 % el alquiler con renta limitada, ligar a la renta la bonificación de las familias numerosas y crear una ayuda que cubra al menos la mitad del IBI de los hogares vulnerables.

La Federación Vecinal plantea subir el IBI a los pisos vacíos de Madrid y bajarlo a la vivienda protegida para hacer frente a la crisis de vivienda
La FRAVM demanda aprovechar el IBI para atenuar la crisis de acceso a la vivienda

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado cinco alegaciones al proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2027, aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el 15 de octubre. La Federación Vecinal se opone a la rebaja general del impuesto que plantea el Gobierno municipal y propone utilizarlo para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda y repartir de forma más justa la carga fiscal.

El proyecto introduce dos cambios: bajar el tipo general de los inmuebles urbanos del 0,414 % al 0,40 %, el mínimo que fija el artículo 72.1 de la Ley de Haciendas Locales, y precisar las bonificaciones por instalaciones de energía solar, en especial en el autoconsumo individual y compartido.

Una rebaja que ahorra más a quien más tiene

La FRAVM reconoce que la bajada cumple un compromiso del programa electoral del actual equipo de gobierno, pero considera que no se justifica desde los principios de justicia tributaria, capacidad económica y progresividad del artículo 31.1 de la Constitución. Al tratarse de una rebaja proporcional, el ahorro en euros aumenta conforme lo hace la base liquidable del inmueble: 14 euros al año por cada 100.000 euros de base. Así, los propietarios de los inmuebles de más valor obtienen la mayor rebaja, con independencia de su capacidad económica.

La organización advierte además de que la medida reduce los ingresos municipales en plena crisis de acceso a la vivienda, cuando hacen falta recursos para los servicios públicos, las políticas de vivienda y la corrección de los desequilibrios sociales y territoriales de la ciudad. “El cumplimiento de un compromiso electoral de reducción de impuestos no puede prevalecer, sin una justificación económica y distributiva suficiente, sobre los objetivos de justicia tributaria, suficiencia financiera y sostenimiento de los servicios públicos”, señala en su escrito.

Por ello, pide mantener el tipo general en el 0,414 % y que el Ayuntamiento promueva ante el Gobierno de España y las Cortes Generales una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita un IBI progresivo, con tipos distintos según tramos de valor catastral, capacidad económica y concentración de patrimonio inmobiliario. Pone como precedente al Ayuntamiento de Barcelona, cuya Comisión de Economía y Hacienda aprobó una iniciativa en ese sentido.

En sus alegaciones a la tasa de residuos, la Federación Vecinal ya advirtió de que esta bajada no garantiza compensar el nuevo recibo de basuras ni llega necesariamente a quienes viven de alquiler, y de que no sustituye a las ayudas dirigidas a los hogares con más dificultades.

Un recargo para la vivienda vacía que Madrid no aplica

La FRAVM considera “especialmente grave” que el Ayuntamiento no haya establecido hasta ahora ningún recargo del IBI para las viviendas desocupadas de forma permanente, una potestad que le reconoce la legislación estatal. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, ya convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, regulan este recargo en el artículo 72.4 bis de la Ley de Haciendas Locales.

En los municipios que no han sido declarados zona de mercado residencial tensionado, como Madrid, la ley permite un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida para las viviendas vacías de forma continuada y sin causa justificada durante más de dos años, cuando pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles residenciales. El recargo puede llegar al 100 % si la desocupación supera los tres años y sumar hasta 50 puntos más cuando se acumulan viviendas vacías en el mismo municipio.

La Federación Vecinal propone que la ordenanza lo recoja, con excepciones como las viviendas en ruina o en obras, las heredadas durante los dos años posteriores al fallecimiento del titular, las de personas que viven en residencias de mayores o cuidan de un familiar dependiente, y las que estén alquiladas. No hacerlo supone, a su juicio, “renunciar injustificadamente a un instrumento fiscal que permitiría desincentivar la retención de viviendas fuera de su utilización residencial efectiva”.

Barcelona, por ejemplo, ya recoge en su ordenanza fiscal un recargo del 50 % en el IBI para las viviendas vacías, mientras Madrid sigue sin aplicar esta medida prevista en la Ley de Vivienda.

Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid aplican la Ley de Vivienda a los pisos turísticos

La FRAVM reclama también un trato fiscal diferenciado para las viviendas destinadas a alojamiento turístico. El nuevo artículo 72.4 ter de la Ley de Haciendas Locales, introducido por el Real Decreto-ley 29/2026, permite un recargo de hasta el 50 % sobre estos inmuebles, que puede llegar al 100 % cuando el propietario tiene dos o más y al 150 % cuando tiene cuatro o más. Pero solo puede aplicarse en zonas de mercado residencial tensionado.

La negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid a declarar estas zonas, unida a la falta de respuesta del Gobierno municipal, “está privando al Ayuntamiento de Madrid de una herramienta fiscal específica para gravar la explotación turística del parque residencial”, denuncia la Federación Vecinal. Por ello, pide al Ayuntamiento que inste formalmente a la Comunidad a declarar como tensionados los ámbitos de la ciudad que cumplan los requisitos de la Ley 12/2023.

La Federación Vecinal pide bonificar la vivienda protegida y asequible

La FRAVM propone ampliar las bonificaciones de las viviendas de protección oficial: un 50 % durante los tres años siguientes a su calificación definitiva y, después, un 50 %, un 30 % y un 10 % en los años cuarto, quinto y sexto. Como alternativa, los titulares con una renta familiar inferior a tres veces el IPREM que vivan en ella tendrían bonificaciones del 20 %, el 40 % y el 50 % a partir del quinto año, hasta completar diez desde la calificación.

Además, pide aplicar la bonificación del 95 % que permite el artículo 74.6 de la Ley de Haciendas Locales a las viviendas destinadas al alquiler con renta limitada, gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), otras entidades públicas o promotores privados en programas de colaboración público-privada. La misma bonificación se aplicaría, previa declaración de especial interés municipal por el Pleno, a los proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso y a los gestionados por entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social.

Ayudas según la renta y no según el valor catastral

En el caso de las familias numerosas, la Federación Vecinal propone que la bonificación dependa de la renta familiar y no solo del valor catastral de la vivienda: del 90 % para rentas de hasta 25.200 euros anuales, que se reduciría de forma progresiva hasta el 5 % en la categoría general y el 10 % en la especial para rentas de entre 75.601 y 84.000 euros. Las familias numerosas con alguna persona a cargo con una discapacidad superior al 33 % se equipararían a las de categoría especial.

Para los hogares con menos recursos, plantea un programa municipal de ayudas que cubra al menos el 50 % del IBI de la vivienda habitual. Iría dirigido a pensionistas, personas desempleadas, perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, víctimas de violencia de género y familias monoparentales con una renta inferior a tres veces el IPREM. Al tratarse de una ayuda social y no de un beneficio fiscal, que requeriría habilitación legal, la FRAVM propone que la impulsen conjuntamente las áreas de Economía, Innovación y Hacienda y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Por último, la Federación Vecinal pide una bonificación del 95 % para las sedes de los colectivos y entidades sociales reconocidos de interés público municipal, como asociaciones vecinales, AMPA u ONG, por su contribución a la participación ciudadana, la cohesión social y el desarrollo comunitario de los barrios. La FRAVM solicita que todas estas propuestas se incorporen al texto antes de su aprobación definitiva.

 

Alegaciones de la FRAVM a la Ordenanza Fiscal del IBI 2027 del Ayuntamiento de Madrid

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