Para la Coordinadora, no estamos ante una coincidencia menor ni ante simples ajustes técnicos. Gobiernos de distinto signo están impulsando una misma idea de «seguridad jurídica»: asegurar la continuidad de los planes y de las inversiones incluso cuando se hayan aprobado vulnerando la legalidad. El Real Decreto-Ley de Vivienda que incorpora modificaciones del Real Decreto Legislativo 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal construye el marco general y la Ley de Impulso y Desarrollo Sostenible de la Región (LIDER) aplica, en la Comunidad de Madrid, muchas de sus soluciones.
Primera coincidencia: menos ilegalidades capaces de anular un plan
El borrador estatal pretende reservar la nulidad a defectos muy extremos. Por ejemplo, la falta de participación solo tendría esa consecuencia cuando el trámite se hubiera omitido de forma «total y absoluta». La LIDER persigue el mismo resultado al fragmentar los instrumentos y facilitar que sobrevivan las partes consideradas independientes.
En la práctica, una información pública celebrada tarde, con documentación esencial incompleta o sin someter a consulta cambios importantes podría tratarse como un defecto corregible. Lo mismo puede ocurrir con una evaluación ambiental insuficiente o con informes que debían proteger el agua, el patrimonio, las dotaciones o la vivienda protegida. Las garantías dejan de prevenir el daño y pasan a repararse sobre el papel cuando la operación ya está decidida.
Segunda coincidencia: conservar lo aprobado después
Ambos textos intentan impedir que la anulación de un plan arrastre automáticamente los instrumentos, trámites y actos posteriores. El Proyecto LIDER permite conservar determinados planes derivados, actos y trámites; el RDL estatal establece una arquitectura semejante para limitar la propagación de la nulidad.
El efecto para la sociedad civil es devastador. Si una asociación consigue que un tribunal anule un gran desarrollo por una evaluación ambiental defectuosa, podría verse obligada a recurrir también, uno por uno, los planes y actos posteriores. Cada nuevo recurso supone asesoramiento, gestiones, costes y años de espera. Quien promovió la actuación gana estabilidad; quien defendió la legalidad tiene que volver a empezar.
Tercera coincidencia: corregir el plan y mantenerlo en marcha
El RDL permite retrotraer el procedimiento para subsanar el defecto e incluso prolongar temporalmente la eficacia del plan anulado. La LIDER facilita conservar trámites y volver a aprobar la misma ordenación o una muy parecida. En ambos casos, una sentencia puede terminar abriendo un nuevo periodo para reparar el expediente sin detener realmente la transformación prevista.
Así, un plan anulado podría seguir produciendo efectos mientras se corrige, con el riesgo de que se concedan licencias o se consoliden actuaciones difíciles de revertir. La ilegalidad deja de tener una consecuencia proporcionada y la sentencia puede convertirse en un paréntesis dentro de la misma operación urbanística.
Cuarta coincidencia: limitar la capacidad de defensa ciudadana
El borrador estatal limita a cuatro años la posibilidad de cuestionar indirectamente un plan al recurrir un acto que lo aplica. La LIDER comparte la misma orientación al reducir el alcance práctico de las impugnaciones y proteger los instrumentos y actuaciones posteriores. El resultado conjunto es una acción pública reconocida formalmente, pero cada vez más costosa y menos eficaz.
La participación, la evaluación ambiental, los informes sectoriales y el control judicial no son obstáculos burocráticos. Son las garantías que permiten detectar riesgos, defender espacios naturales y patrimonio cultural, y exigir vivienda protegida, zonas verdes, colegios, centros de salud y demás dotaciones antes de que el daño sea irreversible.
Un modelo que agrava la crisis de vivienda
Estas coincidencias no son neutrales: blindan el urbanismo que ha alimentado la actual crisis habitacional. Producir más suelo y facilitar grandes operaciones no garantiza vivienda asequible. Cuando el suelo se trata principalmente como un activo financiero, crecen las expectativas de revalorización y la especulación, mientras los costes ambientales, las infraestructuras y los servicios recaen sobre el conjunto de la sociedad.
La seguridad jurídica debe consistir en aprobar desde el principio planes legales, transparentes, ambientalmente solventes y debatidos públicamente; no en neutralizar sentencias ni multiplicar los litigios ciudadanos. Madrid Contra la LIDER, coordinadora formada por medio centenar de colectivos vecinales, ecologistas, de protección del patrimonio cultural, profesionales, sindicatos y partidos, reclama al Gobierno de España que retire del borrador del Real Decreto-Ley de Vivienda las medidas que reducen el alcance del control judicial y a la Asamblea de Madrid que rechace esas mismas soluciones en la LIDER. La legislación del suelo debe ponerse al servicio del derecho a la vivienda, el equilibrio territorial y el interés general, no de la continuidad de operaciones especulativas.
