En un comunicado que hoy hace público, la CEAV traslada «sus más profundas condolencias» a las familias y allegados de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), así como su solidaridad con las personas heridas, a las que desea una pronta recuperación. Esta tragedia, sumada a las 46 víctimas mortales de Adamuz del pasado enero, deja un balance estremecedor: 115 personas fallecidas en apenas nueve meses en dos accidentes de alta velocidad.
La Confederación comparte las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: resulta inadmisible que un país como España haya sufrido dos tragedias semejantes en tan poco tiempo. «Pero reconocerlo no basta. Las administraciones deben garantizar la seguridad ferroviaria, dar explicaciones y asumir las responsabilidades que correspondan» indica en su nota, que trasladamos de manera íntegra a continuación:
Comunicado de la CEAV ante la tragedia de Urda
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) traslada sus más profundas condolencias a las familias y allegados de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), así como su solidaridad con las personas heridas, a las que deseamos una pronta recuperación. Esta tragedia, sumada a las 46 víctimas mortales de Adamuz del pasado enero, deja un balance estremecedor: 115 personas fallecidas en apenas nueve meses en dos accidentes de alta velocidad.
Compartimos las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: resulta inadmisible que un país como España haya sufrido dos tragedias semejantes en tan poco tiempo. Pero reconocerlo no basta. Las administraciones deben garantizar la seguridad ferroviaria, dar explicaciones y asumir las responsabilidades que correspondan.
Auditoría inmediata e independiente de la alta velocidad
Desde la CEAV exigimos al Ministerio de Transportes una auditoría integral, inmediata e independiente de la alta velocidad, comenzando por el corredor sur, escenario de ambas tragedias.
Debe examinar la conservación de infraestructuras, señalización, sistemas de seguridad, protocolos, condiciones laborales y suficiencia de recursos humanos y económicos. Sus conclusiones deben hacerse públicas, acompañadas de inversiones y actuaciones concretas.
La seguridad de millones de personas no puede quedar subordinada a la rentabilidad empresarial ni a decisiones presupuestarias que comprometan el mantenimiento.
Más viajeros sin un esfuerzo equivalente de conservación
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los viajeros de alta velocidad prácticamente se han duplicado desde la liberalización, pasando de 22,6 millones en 2019 a 44,5 millones en 2025.
Mientras tanto, el gasto de conservación de ADIF ha crecido un 54 % desde 2018, de 726,5 a 1.119,8 millones de euros. Sin embargo, considerando la ampliación de la red, su patrimonio y el encarecimiento de costes, distintos análisis económicos como los publicados por el diario digital El Economista apuntan a una reducción cercana al 25 % del esfuerzo real de mantenimiento por unidad de valor de la infraestructura.
No importa únicamente cuánto aumenta el presupuesto, sino si se invierte lo necesario para conservar una red cada vez mayor y más utilizada.
Desde el movimiento vecinal llevamos décadas denunciando procesos similares en servicios esenciales como la sanidad y la educación pública: se introduce la lógica del mercado mientras se debilita la capacidad pública para garantizar servicios universales y de calidad.
No podemos aceptar un modelo que privatice beneficios y socialice costes y riesgos. El ferrocarril es un servicio público esencial, no un negocio cuya rentabilidad pueda anteponerse a la seguridad.
Los trabajadores no pueden ser el chivo expiatorio
La CEAV condena firmemente el señalamiento público de trabajadores de ADIF realizado antes de esclarecer las responsabilidades del accidente de Urda.
Resulta políticamente irresponsable señalar a las plantillas cuando las organizaciones sindicales llevan meses denunciando sobrecarga laboral, falta de personal y presión creciente.
Exigimos investigaciones independientes que examinen todas las responsabilidades, incluidas las técnicas, organizativas y políticas.
Quienes sostienen diariamente el ferrocarril no pueden convertirse en el escudo de quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo. Las responsabilidades políticas no pueden diluirse señalando a los trabajadores.
Revisar la liberalización y recuperar la centralidad de lo público
Estas tragedias obligan a revisar profundamente el modelo ferroviario español.
Exigimos una evaluación independiente de la liberalización que analice sus efectos sobre la seguridad, el mantenimiento, las condiciones laborales, la calidad del servicio y la sostenibilidad económica, más allá del crecimiento de viajeros y la reducción de tarifas.
Si se concluye que este modelo puede continuar, deberá garantizarse un incremento sustancial de la inversión en conservación y que los operadores privados contribuyan proporcionalmente a los costes reales de las infraestructuras públicas que utilizan.
El ferrocarril no puede gestionarse exclusivamente desde la competencia y el mercado. Es imprescindible recuperar la capacidad pública de planificación, inversión y control, subordinando cualquier interés empresarial al interés general.
Un ferrocarril que vertebre el país
El ferrocarril debe ser una herramienta fundamental de cohesión social, reequilibrio territorial y transición ecológica, superando un modelo que prioriza las grandes conexiones mientras numerosos territorios sufren graves déficits de movilidad.
Reclamamos recuperar el proyecto original del corredor Cantábrico-Mediterráneo, con doble vía electrificada de altas prestaciones en el tramo Teruel-Sagunto, y desarrollar las conexiones pendientes con distintos territorios del país con graves déficits ferroviarios como es el caso de Extremadura.
Exigimos también inversiones suficientes en Media Distancia y Cercanías, acabar con el deterioro de Rodalies en Cataluña y Cercanías en territorios como Madrid o Valencia e impulsar un plan integral de accesibilidad universal en toda la red.
No podemos seguir construyendo un país donde se inauguran infraestructuras mientras se abandonan las existentes y millones de personas carecen de un transporte ferroviario público digno.
Transparencia, responsabilidades y defensa de lo público
Adamuz y Urda deben marcar un antes y un después. Aprender de estas tragedias exige revisar las decisiones políticas, los modelos de gestión y las prioridades presupuestarias.
Sería intolerable que 115 muertes se saldaran únicamente con responsabilidades individuales, sin investigar las decisiones políticas y de gestión que hayan podido contribuir a generar riesgos.
La CEAV exige máxima transparencia, inversiones suficientes y contundencia en la asunción de cuantas responsabilidades políticas, técnicas y organizativas se determinen.
La confianza ciudadana no se recupera con declaraciones, enfrentamientos partidistas ni buscando chivos expiatorios. Se recupera con hechos, responsabilidades y una defensa inequívoca de lo público.
El ferrocarril es un patrimonio colectivo, una infraestructura esencial para vertebrar nuestro país, combatir las desigualdades territoriales y garantizar derechos. Por ello, cuando se pone en duda su seguridad, no solo se cuestiona la confianza en un medio de transporte, sino también en la capacidad de nuestro país para garantizar un servicio público esencial.
Recuperar esa confianza debe convertirse en una prioridad de Estado. Y desde el movimiento vecinal tenemos claro que solo será posible desde la transparencia, la asunción de responsabilidades y un compromiso inequívoco con la defensa y el fortalecimiento del ferrocarril como servicio público.
