La CEAV quiere manifestar su profundo rechazo a la decisión tomada el pasado viernes por el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya de votar contra la convalidación de dos decretos-ley aprobados por el Gobierno y que venían a suponer un alivio para miles de familias que sufren el problema de la vivienda.
Los decretos, aun con sus imperfecciones, iban a paralizar desalojos, prorrogar contratos y limitar precios. Medidas que permitían avanzar en elementos esenciales del derecho a la vivienda, imprescindible, a su vez, para poder desarrollar otros derechos fundamentales: la protección frente a los desalojos, la garantía de que el precio de la vivienda no comprometa la satisfacción de otros derechos y la seguridad jurídica en la tenencia del hogar.
Además, y en contra de lo que de forma tendenciosa se asegura desde determinadas organizaciones y medios de comunicación, las medidas previstas no implicaban déficits en la tan manoseada «seguridad jurídica» de las personas propietarias de un número limitado de viviendas. Los decretos, entre otras medidas:
– Garantizaban la compensación por parte de las administraciones de la deuda en caso de paralización de desahucios de personas vulnerables durante tres años.
– Aseguraban la finalización del contrato de alquiler si la persona arrendadora necesitaba la vivienda para sí misma o para un familiar directo.
– Preveían ventajas fiscales para quien alquilase a un precio razonable.
CEAV considera que una regulación como la que se proponía, además de necesaria, no va a reducir la oferta, especialmente la de alquiler. Las personas que alquilan de forma ética, no especulativa y a precios razonables seguirán alquilando. Pero la vivienda no puede tratarse como una mercancía más, sobre todo en un mercado que, como podemos comprobar, no se «autorregula».
«La lucha por el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional, y la grave crisis habitacional que vive nuestro país necesitan una intervención en el mercado de la vivienda mediante medidas urgentes y políticas valientes. La vivienda, como cualquier propiedad, y de acuerdo con el artículo 33 de nuestra Constitución, tiene una función social. Los decretos derogados, sin ser perfectos, pretendían limitar la especulación con la vivienda y avanzar hacia esa función social que matiza el derecho de propiedad, sin suprimirlo», indica la Confederación en un comunicado que suscribe la FRAVM.
Tras la votación de ayer, CEAV se reafirma en su compromiso con el derecho a la vivienda y manifiesta su firme decisión de continuar exigiendo, tanto desde el ámbito de la negociación política como desde la movilización social, un cambio profundo y valiente en las políticas de vivienda de nuestro país. Por ello, apoya las movilizaciones convocadas para este fin de semana por distintas organizaciones. «Somos conscientes de que existen y existirán discrepancias sobre algunas de las reivindicaciones concretas de cada colectivo. Pero también creemos que, ante la gravedad de la situación, es necesario construir una alianza social estratégica y amplia, capaz de poner por delante aquello que compartimos: garantizar de manera efectiva el derecho a una vivienda digna para todas las personas», asegura la entidad.
«La respuesta a la crisis de la vivienda no puede quedar encerrada únicamente en los despachos ni depender de votaciones aisladas. La sociedad civil organizada tiene también un papel que desempeñar, desde su pluralidad y desde el respeto a las diferencias que existen entre colectivos y organizaciones. Es el momento de reforzar la movilización social y la unidad en torno al derecho a la vivienda. De sumar a asociaciones vecinales, sindicatos, organizaciones sociales, plataformas de vivienda y al conjunto de la sociedad civil en aquello que compartimos. De conseguir que la demanda social de una vivienda digna encuentre también respuesta en las instituciones y en el Parlamento. Porque el objetivo debe ser transformar una reivindicación ampliamente presente en nuestra sociedad en derechos efectivos y en normas que los garanticen: hacer posible que aquello que consideramos legítimo encuentre finalmente su expresión en la ley», concluye la CEAV.
