La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la cual forma parte la FRAVM, ha anunciado su respaldo a la huelga general de 24 horas prevista para este otoño. Promovida por CCOO, UGT, CGT y otras centrales sindicales, y recogiendo el llamamiento del Sindicato de Inquilinas, esta movilización busca dar respuesta a la dificultad de acceso a la vivienda, reclamar salarios dignos y frenar el encarecimiento general del coste de la vida.
Para la CEAV, esta convocatoria trasciende el ámbito estrictamente laboral para convertirse en una gran movilización social en defensa del Estado del bienestar. Por ello, hace un llamamiento a todas las asociaciones para organizar espacios unitarios en cada territorio y detener así la especulación inmobiliaria, la expulsión vecinal y la asfixia económica de las familias trabajadoras.
A continuación, se reproduce de manera íntegra el comunicado emitido:
HUELGA GENERAL: PARAMOS LOS BARRIOS PARA DEFENDERLOS
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) apoya la convocatoria de huelga general promovida por CCOO, UGT, CGT y otras centrales sindicales por el derecho a la vivienda, los salarios dignos y frente a la carestía de la vida, recogiendo el llamamiento del Sindicato de Inquilinas, y llama al movimiento vecinal de todo el país a organizarse para convertir los barrios y municipios en protagonistas de esta movilización
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) celebra el acuerdo alcanzado por CCOO, UGT y CGT para convocar una huelga general de 24 horas este otoño, en el marco de las movilizaciones por el derecho a la vivienda y por unos salarios que permitan vivir con dignidad.
La convocatoria responde a una realidad que conocemos bien en nuestros barrios: cada vez cuesta más llegar a fin de mes y, aun trabajando, poder seguir viviendo allí donde hemos construido nuestra vida. Los salarios de una parte creciente de la población no permiten hacer frente al enorme incremento del precio de la vivienda y al encarecimiento general del coste de la vida.
Por eso, desde CEAV entendemos esta huelga no únicamente como una convocatoria laboral, sino como una gran movilización social por el derecho a una vida digna.
El pasado viernes, tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de los decretos sobre vivienda, advertíamos de que miles de familias quedaban nuevamente expuestas a una situación de enorme incertidumbre. Aquellas medidas, aun considerándolas solo un paso de los muchos que todavía deben darse en defensa del derecho a una vivienda digna, permitían avanzar en la protección frente a los desahucios, la seguridad en los contratos y la limitación de precios.
Hoy creemos necesario dar un paso más.
La vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento y por extensión de la desigualdad de nuestro país.
En todas nuestras ciudades y barrios, pagar el alquiler se lleva una parte insoportable del salario de las familias. Los precios continúan expulsando a vecinos y vecinas de los lugares en los que han vivido durante años; continúan produciéndose desahucios; proliferan las viviendas turísticas y los alojamientos temporales que reducen la oferta residencial; y nuestro país sigue teniendo un parque público de vivienda ínfimo, que apenas alcanza el 3%, frente al 9% de la media de la Unión Europea o al 17% de países como Francia.
No podemos aceptar que la vivienda sea tratada como un activo financiero cuando, para millones de personas, es, sencillamente, su hogar.
Necesitamos políticas públicas que garanticen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, capaces de intervenir sobre un mercado que ha demostrado reiteradamente que no se autorregula y fomenta la especulación. Es imprescindible limitar los precios abusivos del alquiler, reforzar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y turísticos, acabar con el negocio de los fondos buitre, seguir apostando por la rehabilitación y, sobre todo, incrementar de manera sostenida y permanente el parque público de vivienda, garantizando que las viviendas construidas con recursos públicos permanezcan para siempre bajo protección pública. Porque existe el derecho a la vivienda, pero no existe ningún derecho a especular con dinero público.
No podemos seguir permitiendo que las administraciones y, especialmente, las comunidades autónomas, como principales competentes en materia de vivienda, sigan sin responder a la exigencia ciudadana de garantizar este derecho y continúen apostando por políticas que, durante décadas, no han hecho más que encarecer el precio de la vivienda, negándose incluso a aplicar los mecanismos previstos en la Ley de Vivienda, como la limitación de precios en las zonas tensionadas.
Pero tampoco podremos garantizar el derecho a la vivienda si los salarios no permiten pagarla.
CCOO, UGT y CGT han situado precisamente el conflicto de rentas en el centro de esta convocatoria: reclaman incrementos salariales, mecanismos de revisión y políticas de vivienda que permitan que trabajar vuelva a garantizar una vida digna.
Desde CEAV compartimos esa preocupación. No puede normalizarse que una persona con empleo tenga que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o encender la calefacción.
Defender los salarios es también defender los barrios y pueblos.
España afronta además una nueva escalada del coste de la vida como consecuencia del incremento de los precios energéticos y del petróleo provocado por la guerra en Irán. El conflicto está alterando el suministro mundial de crudo y presionando al alza los combustibles y la inflación; en septiembre, la inflación de la zona euro alcanzó el 3,8%, impulsada especialmente por el encarecimiento energético.
CEAV rechaza que sean nuevamente las familias trabajadoras quienes paguen las consecuencias económicas de las guerras y de decisiones geopolíticas sobre las que no tienen ninguna capacidad de decisión.
La escalada bélica protagonizada por las administraciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, principales aliados internacionales de la extrema derecha, no puede terminar traduciéndose en una reducción del poder adquisitivo de millones de familias españolas.
Ante esta situación, defender unos salarios dignos, unas pensiones justas y unos servicios públicos fuertes no es únicamente una cuestión económica: es defender nuestro Estado social y nuestro modelo democrático de convivencia.
El Estado del bienestar debe garantizar que derechos esenciales como la vivienda, la sanidad, la educación, los cuidados o las pensiones no dependan exclusivamente de la capacidad económica de cada individuo.
De los centros de trabajo a nuestros barrios y pueblos.
Por todo ello, CEAV hace un llamamiento al conjunto de confederaciones, federaciones y asociaciones vecinales del país para comenzar desde este momento a organizar la respuesta social en nuestros barrios y municipios.
Queremos construir esta movilización junto a CCOO, UGT, CGT, el Sindicato de Inquilinas, las plataformas antidesahucios y el conjunto de organizaciones y movimientos sociales que llevan años defendiendo el derecho a la vivienda y unas condiciones de vida dignas.
La huelga debe sentirse en los centros de trabajo, pero también en las plazas y las calles de nuestros barrios y municipios.
Llamamos a nuestras organizaciones a impulsar espacios unitarios en cada territorio para extender la movilización a todos los barrios y pueblos del país y hacer de esta Huelga General una gran movilización ciudadana.
Porque los motivos que nos llevan a esta huelga se expresan cada día en cada uno de nuestros barrios:
Cuando una anciana es desahuciada.
Cuando una familia se ve obligada a vivir hacinada en una habitación.
Cuando una pareja no puede tener hijos porque no pueden pagar un alquiler o comprar una vivienda.
Cuando un joven tiene que marcharse de su barrio de toda la vida, a decenas de kilómetros, para poder encontrar una vivienda que pueda pagar.
Cuando una estudiante no puede estudiar la carrera que desearía porque sus padres no pueden pagarle el precio de una habitación en otra ciudad.
Cuando un profesor, un médico, un enfermero o un camarero se ve obligado a vivir en una caravana para poder seguir trabajando en su ciudad.
Cuando una vivienda se transforma en un apartamento turístico.
Cuando cierra un comercio de barrio para transformarse en un alquiler de temporada.
Por eso, esta huelga también debe ser una huelga de los barrios y pueblos.
Una movilización para defender algo tan sencillo y tan profundamente democrático como el derecho de nuestras vecinas y vecinos a poder permanecer en los lugares en los que viven, trabajan, estudian, cuidan, crecen y envejecen.
Desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales llamamos a las administraciones públicas, las fuerzas políticas y las organizaciones empresariales a escuchar una demanda cada vez más extendida en nuestra sociedad.
Necesitamos salarios para vivir.
Necesitamos barrios y pueblos para vivir.
Necesitamos servicios públicos para vivir con dignidad.
Vamos a defender salarios dignos, el derecho a la vivienda y unos servicios públicos fuertes como pilares de un modelo económico que defienda el bien común frente a los intereses de una minoría.
Esta huelga debe servir para construir una gran respuesta colectiva.
Para defender nuestros salarios.
Para defender nuestros hogares.
Para defender nuestros servicios públicos.
Para defender el derecho de nuestras vecinas y vecinos a seguir viviendo en sus barrios y municipios.
Es la hora de parar los barrios para defenderlos.
