Tal y como indica Naciones Unidas, “el maltrato hacia las personas mayores sigue siendo una realidad a menudo ignorada y poco denunciada. Puede adoptar muchas formas, entre ellas el abuso físico, psicológico y económico, así como el abandono o la desatención. Con frecuencia, ocurre en situaciones en las que las personas carecen de visibilidad, apoyo o acceso a servicios”.
Frente a esta situación, no basta con sensibilizar. “Es necesario fortalecer los sistemas de prevención y respuesta para actuar de manera eficaz ante los casos de maltrato, garantizando siempre la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas mayores”, subraya la ONU.
Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.
El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos y ancianas, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.
Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. En el marco de España, la Comisión de Mayores de la FRAVM aprovecha la jornada del 15 de junio para volver a demandar la creación de un observatorio nacional sobre el maltrato a las personas mayores que permita tener un conocimiento real del problema y adoptar las medidas más apropiadas. Además, reclama avanzar en una legislación específica para la protección de las personas mayores en su problemática concreta y mejorar sustancialmente la coordinación entre las distintas administraciones y la formación de sus profesionales para prevenir y combatir el maltrato a la vejez.
