La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha acompañado hoy a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, en su visita a la comunidad de propietarios de la calle Prado, 16, en el distrito Centro de la capital. Este inmueble, que cuenta con el apoyo de la Asociación Vecinal Sol y barrio de las Letras, logró prohibir la implantación de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) mediante la modificación de sus estatutos, una herramienta facilitada por la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que fue impulsada por el movimiento vecinal.
La comunidad adoptó esta medida tras sufrir el año pasado un grave incendio originado, precisamente, en uno de los pisos turísticos del edificio. Pese a la restricción aprobada, los residentes continúan conviviendo de manera permanente con dos alojamientos turísticos ilegales que siguen operativos en el bloque y que generan problemas continuos de ruidos, suciedad e inseguridad; una situación que ha sido denunciada de forma reiterada ante el Ayuntamiento de Madrid sin obtener respuesta alguna hasta la fecha.
El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha aprovechado este encuentro para realizar un llamamiento firme a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados con el objetivo de que se apruebe de forma inmediata una regulación estricta del alquiler de temporada. Nacarino ha advertido de que esta modalidad se ha convertido en una «autopista» que tensiona los precios de la vivienda, reduce drásticamente la oferta residencial y expulsa a los residentes de sus barrios, una problemática que sufren diariamente los alcaldes y alcaldesas en la gestión de sus municipios.
Las VUT ilegales, un problema crítico de seguridad ciudadana
La Federación Vecinal ha situado el foco en los graves riesgos de seguridad que introduce la proliferación de estos alojamientos sin control. Según ha denunciado Nacarino, la ciudad de Madrid acumula más de 15.000 «puntos negros» en materia de seguridad ciudadana dentro de los bloques residenciales. El presidente de la federación ha explicado que, a diferencia del sector hotelero —obligado por la Ley de Seguridad Ciudadana a registrar e informar la identidad de todos sus huéspedes—, en las viviendas turísticas ilegales pueden operar redes criminales o mafias sin que la Policía Nacional tenga constancia de ello. «Hablamos de un día a día marcado por ruidos constantes de maletas, fiestas y basura, pero también de la inseguridad de no saber con quién compartes el edificio», ha señalado Nacarino, recordando incidentes graves acontecidos en este tipo de pisos en Madrid, tales como desarticulaciones de redes de pederastia, narcotráfico o el asesinato de un ciudadano por parte de una banda en el barrio de Rejas hace poco más de un año.
Un informe de la FRAVM demuestra el fracaso del ‘Plan Reside’
En el plano administrativo, la Federación Vecinal ha cuestionado duramente la gestión tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Las críticas se fundamentan en su informe “El impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid”, elaborado por la propia organización, cuyo lanzamiento coincide con el primer año desde la aprobación municipal del ‘Plan Reside’.
El documento sostiene que los alojamientos ilegales siguen aumentando en la capital y acusa al Gobierno regional de facilitar la transformación de hogares en plazas hoteleras en lugar de perseguirla. Asimismo, la FRAVM reprocha al Consistorio el incumplimiento de sus funciones al no incrementar las inspecciones de su propia normativa. La federación alerta, además, de que la política de dispersión recogida en el Plan Reside está incentivando que los inversores adquieran inmuebles completos en múltiples barrios, lo que encarece el entorno urbano y expulsa a los residentes. Ante esta situación, la entidad ya ha solicitado formalmente en el Consejo Social de la Ciudad una reevaluación integral y una modificación estratégica de la norma a la vuelta del verano.
Para la federación, el volumen del problema es «demoledor» y desmiente la supuesta reducción del 40% de pisos turísticos esgrimida por el Ayuntamiento de Madrid en base a datos del INE y del Banco de España. Nacarino ha asegurado que dicha disminución no es real porque las estadísticas oficiales no reflejan la magnitud de la ilegalidad. A este respecto, la FRAVM sostiene que el INE podría disponer de estadísticas reales si las comunidades autónomas contaran con un registro público obligatorio y compartieran de forma efectiva y transparente esos datos con el organismo estatal.
El presidente de la FRAVM ha argumentado que si se hubieran retirado de la comercialización turística esas casi 10.000 viviendas el último año, la oferta residencial habría aumentado y los precios habrían bajado, algo que no ha sucedido debido a su camuflaje bajo la modalidad de alquiler de temporada. Como contraposición, la organización vecinal destaca un dato del propio informe del Banco de España: en la capital ya hay más viviendas turísticas ilegales que inmuebles en todo el parque público de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). Expulsar a los residentes, advierte la federación, pone en riesgo de «quemar» el propio modelo turístico al destruir «la manera de vivir a la madrileña».
Por último, el encuentro ha puesto sobre la mesa los datos del registro único estatal del Ministerio de Vivienda, que cifran en 15.000 los alojamientos turísticos ilegales en la capital, de los 111.000 detectados en todo el país. Ante esta realidad, la ministra Isabel Rodríguez ha exigido formalmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que refuercen las inspecciones y ejecuten de forma efectiva la clausura de estos negocios.
