En una rueda de prensa celebrada este martes 7 de julio, el colectivo reclamó la creación urgente de una mesa de diálogo para dar solución a los más de 130 tipos de incidencias detectadas, que abarcan desde problemas graves de insalubridad hasta incrementos desproporcionados en los recibos mensuales.
En la comparecencia, que tuvo lugar en la sede de UGT Madrid, representantes vecinales, sindicales y de las propias personas afectadas expusieron la situación de vulnerabilidad que afrontan las familias adjudicatarias. La acumulación de problemas es tal que la Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive, constituida el pasado mes de febrero, ha experimentado un crecimiento exponencial en pocos meses, pasando de representar a 20 viviendas a cerca de 200 en diez promociones repartidas por ocho municipios de la región, entre ellos Getafe y el desarrollo madrileño de Valdebebas. Este volumen de reclamaciones demuestra, según el colectivo, que no se trata de fallos aislados, sino de una problemática estructural del modelo implantado por la Administración autonómica.
Deficiencias de habitabilidad e incidencias sin resolver
Entre las principales quejas presentadas por las personas residentes destacan problemas de insalubridad derivados de plagas de ratas e insectos en los complejos, fallos continuos en la grifería y en los sistemas de aerotermia —lo que provoca temperaturas extremas de frío en invierno y calor en verano—, falta de mantenimiento básico e inseguridad en las zonas comunes.
A esto se añade la imposibilidad de mantener una comunicación fluida con las empresas concesionarias. Los afectados critican que no disponen de un teléfono para atender urgencias y que las reclamaciones deben tramitarse obligatoriamente por vía electrónica. Según denunció la asociación, la mayoría de estas incidencias son marcadas de forma automática como cerradas en la plataforma de gestión al día siguiente de su apertura, independientemente de si el problema técnico o higiénico ha sido resuelto o no.
Las familias beneficiarias denuncian sobrecostes económicos
A las deficiencias en las infraestructuras se suman discrepancias en las rentas por alquiler aplicadas, que contradicen las condiciones de asequibilidad inicialmente publicitadas para el programa. Sergio Montero, presidente de la asociación de afectados e inquilino en Valdebebas, expuso como ejemplo su caso particular: su vivienda de tres dormitorios iba a suponer un coste aproximado de 900 euros al mes, pero en la actualidad el recibo total asciende a unos 1.500 euros mensuales.
De acuerdo con los datos aportados en la comparecencia, las gestoras privadas repercuten de manera obligatoria sobre los inquilinos conceptos adicionales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras, cuotas de comunidad elevadas y el alquiler de trasteros o plazas de garaje. Este último servicio se añade de forma vinculada en el contrato, afectando incluso a familias que no disponen de vehículo propio. Como consecuencia directa de estos sobrecostes, el esfuerzo financiero de las unidades familiares llega a superar el 50% o el 60% de sus ingresos mensuales.
La FRAVM considera «inadmisible» que no se reconozca la legitimidad de la asociación de personas afectadas
Quique Villalobos, responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM, respaldó las reivindicaciones vecinales señalando que las personas residentes se han organizado colectivamente debido a la gravedad de los problemas cotidianos que sufren en sus hogares. Villalobos calificó de «inadmisible que las gestoras y la Comunidad de Madrid no reconozcan la legitimidad activa para la defensa de sus derechos y no hayan accedido a sentarse con ellos». En una línea similar, la secretaria de Igualdad y Vivienda de UGT Madrid, Esther Chaves Alonso, exigió una «supervisión pública y efectiva» por parte del Gobierno regional, criticando que las empresas concesionarias traten a las personas como meros activos económicos con el fin de rentabilizar la inversión.
La Federación Vecinal insiste en que la única vía de resolución pasa por la apertura inmediata de una mesa de negociación formal en la que la Comunidad de Madrid, las empresas gestoras y la representación de las personas inquilinas aborden de manera conjunta la subsanación de las incidencias y la revisión de las cláusulas de los contratos.
Grabación de la rueda de prensa:
